La política lleva tiempo en franca deriva. Parece que ya todo vale y que la capacidad de sorpresa de los ciudadanos apenas puede rebasarse. Pero siempre llega una nueva excepción. La última la protagoniza la nueva redacción de la Ley de Amnistía que ayer pactaron PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y Podemos.
Todas esas formaciones acordaron cambiar el documento para blindar a todos los investigados por terrorismo en el 'procés' catalán, un nuevo giro de tuerca que lleva aparejado un imposible. Por pura etimología y por el tan castigado sentido común.
La enmienda, pactada y aprobada en la Comisión de Justicia (20 votos a favor y 17 en contra), versa sobre la modificación del delito de terrorismo y el levantamiento de medidas cautelares una vez entre en vigor la ley.
En el anterior planteamiento del documento quedaban amnistiados los casos de terrorismo vinculados al 'procés' siempre y cuando no hubiese sentencia firme. Ahora, se amplía la protección y solo quedarán excluidos de la amnistía los «actos tipificados como delitos de terrorismo castigados que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos».
De esta forma, el nuevo escenario que quiere introducir la ley es diferenciar entre actos de terrorismo con y sin violaciones de derechos humanos.
La misma palabra lo dice: 'terror', y lleva aparejada violencia. Por lo tanto, si un delito es considerado un acto de terrorismo, lleva intrínsecamente aparejada una violación de los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marcó un hito histórico y que hoy en día sirve de garantía para todos los habitantes de este mundo. Nadie pone en duda una coma de ella. Consta de 30 artículos, pero básicamente se resumen en el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo.
Pero además, esa declaración incluye que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Las meras pretensiones de los independentistas catalanes ya contradicen esos principios de igualdad de todos. Va en contra de la Constitución Española y los derechos humanos, porque quieren dar unas ventajas a unos ciudadanos por delante de otros por el mero hecho de haber nacido en un lugar concreto. La pretendida condonación de deuda autonómica de Cataluña ya va en contra de todo esto, pero si ahora resulta que vamos a tener intensidades de terrorismo, la cuestión comienza a ser preocupantemente kafkiana.