Siete de junio de 2004. Madrugada. El matrimonio formado por Salvador Barrio Espinosa (53 años) y Julia Dos Ramos Santamaría (47) se halla durmiendo en su habitación en el piso que habían adquirido dos años antes, en el quinto A del número 14 de la calle Jesús María Ordoño. Su hijo pequeño, Álvaro (12), descansa en su cuarto. El asesino de los tres -aún no ha sido detenido y se van a cumplir 20 años del triple crimen- accede a la vivienda sin forzar la puerta. Entra con sumo sigilo, pues es capaz de llegar hasta la dependencia donde pernocta la pareja sin que ninguno de los dos se despierte. El último estudio de los restos de sangre hallados en la casa -realizado en 2016- contradice la tesis inicial de los investigadores, que habían determinado que Salvador se levantó de la cama al oír cómo se abría la puerta y fue objeto del primer ataque en el recibidor. No. El homicida llegó hasta la cama empuñando un cuchillo de hoja bicortante y agredió al padre «de forma sorpresiva mientras estaba tendido en su lado del lecho, el más cercano a la ventana». Ese primer ataque lo deja «aturdido pero no lo suficiente como para no intentar la huida en dirección a la salida de la habitación».
La violencia del asesino y «posiblemente los gritos despiertan a su esposa, que se ve atacada sin prácticamente posibilidad de defensa». Aunque llega a incorporarse de la cama apenas opuso resistencia bien por la hora o bien por una descompensación de fuerzas muy favorable al agresor. Es «la primera víctima mortal» de la matanza tras las heridas letales que sufre en cuello y cabeza.
Tras morir Julia el homicida vuelve a por Salvador, que está agachado o tumbado muy cerca de la puerta de la habitación del matrimonio. Allí mismo sufre una nueva agresión aunque logra salir a un pequeño distribuidor donde es de nuevo atacado y de donde pudo escapar hacia la entrada de la vivienda. Después se metió en la cocina, el asesino y él movieron varios muebles y Salvador acabó cayendo debajo de la mesa, donde apareció su cadáver.
El hijo menor de la pareja sale al pasillo para ver que ocurre y es allí donde recibe las primeras puñaladas. Después huye y se esconde en su habitación, aunque no se oculta debajo de la cama. El asesino lo saca del cuarto por la fuerza tras derribar la puerta de una patada y, aunque intentó defenderse, la mayor fuerza del agresor y su mayor corpulencia lograron tirarle al suelo, donde acabó con su vida. El asesino asestó a los tres miembros de la familia más de 100 puñaladas. Este es el crudo relato de lo que ocurrió esa madrugada del 7 de junio de 2004.
Esa es la fría secuencia de unos actos que dibujan a un asesino despiadado y cruel, pero también cauto y calculador. Lo desmuestra el simple hecho de que dos décadas después nadie, nadie, se ha sentado en el banquillo de los acusados para ser juzgado. Y las posibilidades de que esto suceda cada vez son menores, casi ínfimas, porque la causa de un homicidio como éste prescribe a los 20 años de su comisión, para lo cual quedan siete días. A partir del próximo 8 de junio la acción judicial no se podrá dirigir contra nadie salvo contra dos personas, Ángel Ruiz, el vecino de La Parte de Bureba sobre el cual se abrió el proceso en 2014 para archivarse provisionalmente en septiembre de 2023, y contra Rodrigo Barrio, el hijo de la pareja contra el que se dirigió la causa entre 2007 y 2010, fecha en que fue sobreseída temporalmente. La ley contempla que el plazo de prescripción se interrumpe en el momento en que el procedimiento se dirige contra una persona presuntamente responsable y vuelve a correr para ella desde que se archiva la causa. Es decir, si el juzgado reabre el caso contra Angelito más allá de 2024 podrá hacerlo. De hecho, no sería hasta 2043 cuando se extinguiría la posibilidad de ejercer la investigación contra él. En el caso de Rodrigo, la Justicia no podrá ejercitar su acción contra él después del 8 de junio de 2030.
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