La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León habrá de resolver a partir del próximo 6 de diciembre todos los recursos que se presenten contra las sentencias y autos de finalización de proceso que dicten las secciones penales de las 9 audiencias provinciales de la Comunidad autónoma. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la segunda instancia en esta jurisdicción -hasta hora solo se podía apelar ante el Supremo- otorga esa prerrogativa a la Sala del Alto Tribunal regional de Burgos, que estará formada por tres magistrados, los mismos que ahora dispone, según indica el artículo 846 ter del nuevo texto legal.
En la actualidad la Sala de lo Civil y Penal del TSJ conoce solo de las causas penales contra determinadas personas que por su cargo son consideradas aforadas y de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales en los juicios con jurado. Así, el número de asuntos que llegan hasta ella no es demasiado elevado, entre una decena y una veintena al año. Con la nueva competencia que le otorga la reforma habrá de atender muchas más apelaciones -las de las nueve audiencias-, hay fuentes que hablan de entre 200 y 250 al año, por lo que el volumen de trabajo se incrementará de forma exponencial.
¿Qué sucederá si la sala con su actual plantilla no puede absorber esa tarea extra? Pues en el ámbito judicial hay quienes opinan que podrían darse movimientos políticos en la región para crear una sala de apelaciones en Valladolid, en virtud del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reza así: en el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más secciones e incluso Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de otras salas del Tribunal Superior.
Por ello los agentes vinculados a la Administración de Justicia quieren adelantarse a los acontecimientos y exigen que desde ya el Ministerio «dote de recursos humanos y materiales» a la Sala de lo Civil y Penal de Burgos «para soportar el aumento de trabajo». Joaquín Delgado, decano del Colegio de Abogados, señala que si hay que «reforzar algo que sea la sala de Burgos, porque además en Valladolid tienen el problema de las sedes, que son muy escasas». La decana de los procuradores, Carmen Velázquez, es de la misma opinión y entiende que si «el aumento de la carga de trabajo lo aconseja hay que ampliar la sala burgalesa, incluso con la creación de una segunda sección».
La mayoría de los recursos que se presenten «solo precisan un trámite escrito -solo en el 1% de los casos se celebra nueva vista- por lo que no es necesaria la presencia de las partes en sala». Y, además, toda la presentación de documentos e informes «se está llevando a cabo ya de forma telemática, algo que a partir del 1 de enero de 2016 será obligatorio, con el papel cero», recuerda, para advertir que el argumento de «la proximidad a otras provincias para justificar una segunda sala en Valladolid no tiene ninguna base».
Abogados y procuradores coinciden en que es la «oportunidad ideal para dotar de contenido» a la Sala de lo Civil y Penal, que hasta ahora «carecía prácticamente de funciones». Velázquez entiende que las costas a la hora de acudir al TSJ en lugar de al Supremo «no variarán, porque ya el Alto Tribunal puso coto al exceso de precio en los recursos de casación».