La Unidad de Atención a la Mujer, dependiente del servicio de Ginecología del HUBU pero ubicada en el edificio del servicio territorial de Sanidad, asumirá a corto plazo dos nuevas materias: la detección de dificultades sexuales (lo cual abarca desde problemas con el deseo o la excitación hasta las necesidades que pueden surgir por cuestión de orientación o identidad sexual) y la interrupción voluntaria del embarazo. El recién nombrado jefe de servicio, Modesto Rey, explica que se está elaborando el protocolo que regulará la práctica de abortos en el complejo asistencial con la intención de ponerlo en marcha «en verano o, como muy tarde, en septiembre». De momento, se empezará con los farmacológicos, que son la mayoría, y suelen emplearse hasta la novena semana de gestación. Para los quirúrgicos, se mantendrá el concierto con Sacyl.

El aborto es una prestación incluida en la cartera de servicios de la sanidad pública de toda España desde 2010, cuando entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, hay muchos profesionales (y no solo dentro de la Ginecología) que manifiestan objeción de conciencia, por lo que lo habitual es que las Consejerías de Sanidad garanticen el acceso a esta prestación mediante conciertos con la sanidad privada. En Burgos, quienes quieren interrumpir su embarazo son derivadas a una clínica de Valladolid, siempre y cuando sea dentro de los límites que establece la ley: hasta la semana 14 por expreso deseo de la gestante y hasta la 22, solo en caso de graves anomalías fetales o riesgo para la vida, tanto de la mujer como del feto. En 2019 se practicaron 430 a mujeres.

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