Estando el panorama político tan cargado como está, con niveles de polarización y de hostilidad muy por encima de lo normal, hay cosas que pasan más desapercibidas, aunque no dejen de ser objeto de crítica en algunos casos. Algo de esto creo que ha ocurrido con determinados nombramientos decididos tras la formación del Gobierno.
No me refiero con ello a la configuración del propio Gobierno, que es muy probable que resulte excesivo por su tamaño. Tampoco me refiero a los nombramientos de personas de confianza que integran gabinetes y demás, cuyo número y cualificación podrá discutirse, aun reconociendo el derecho a designar.
Todo eso merece, sin duda, debate y, en muchos casos, crítica razonable. A lo que me refiero ahora es a determinados nombramientos para cargos y tareas muy especiales, que, de algún modo, sirven para medir la sensibilidad en el desempeño de funciones públicas. En los nombramientos recientes ha llamado la atención la designación de exministros para cargos de relevancia representativa en el ámbito internacional (es el caso de la ONU, o de la UNESCO, o de ciertas embajadas, entre otros) que tradicionalmente se reservaban a miembros destacados del cuerpo diplomático. Lo mismo ha pasado con el nombramiento de quien va a dirigir la Agencia estatal de noticias (EFE), que ha recaído en quien ostentó la máxima responsabilidad informativa en el Gobierno, como Secretario de Estado de Información. Y no es una práctica nueva; el Centro de Investigaciones Sociológicas (el famoso CIS de las encuestas), el Consejo de Estado (donde está reciente la anulación por el Tribunal Supremo del nombramiento de la Presidenta), la Fiscalía General del Estado y el propio Tribunal Constitucional, donde el nombramiento de exministros hace, en este caso, que vengan obligados a abstenerse de participar en deliberaciones sobre asuntos en los que tuvieron participación cuando desempeñaban el cargo anterior. Por no hablar de importantes empresas públicas o con importante participación pública (Correos, Enagás, Paradores, Indra, etc.) donde se han efectuado nombramientos o propuestas con evidentes signos de preferencia política.
No es discutible, en fin, el derecho a nombrar; pero sí la tendencia a ocupar espacios tan relevantes de imparcialidad para la vida pública con designaciones tan alineadas.