Acumulan tantos años en los ríos, que parece que forman parte de ellos y de su paisaje, aunque no sean naturales, sino fruto de una obra humana y, en muchos casos, de intereses privados. En la provincia de Burgos hay más de un centenar de pequeñas presas, azudes y obstáculos artificiales de todo tipo que permanecen abandonados desde hace décadas modificando drásticamente el curso fluvial. Su razón de ser fueron las concesiones para canalizar agua para su uso en los molinos harineros, centrales hidroeléctricas, industrias, explotaciones mineras o para regadío, pero su antigüedad y desuso no les exime del trastorno que ocasionan a la vida de los ríos, ni del creciente debate sobre su eliminación y la restauración de los cauces naturales. 

La retirada de estos obstáculos inútiles con fondos públicos es una polémica creciente en los últimos tiempos, marcados, además, por la extrema sequía que sufre nuestro país, lo que nada tiene que ver con el tema, como insisten desde las confederaciones y los expertos. 

Su último episodio fue el anuncio del derribo de la presa de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz, levantada en su día para refrigerar los dos reactores una central nuclear que nunca llegó a operar y que hoy se usa como alternativa de abastecimiento de agua a una población de más de 3.000 personas y para riego.

Presa de Alba, abastece a Briviesca y la comarca de La Bureba. - Foto: Jesús J. Matías

En Burgos no se ha dado el caso, pero hay una sensibilidad creciente en esta materia. Si se está haciendo un esfuerzo por reforestar los montes con especies autóctonas, eliminar de las aguas los animales invasores y los vertidos más dañinos, ¿por qué no restaurar los cauces naturales de los ríos y eliminar las ruinas que los han compartimentado y alterando durante décadas? 

La cuestión no es baladí. A lo largo de toda la geografía fluvial de la provincia hay cientos de barreras artificiales, muchas de ellas con un uso autorizado y regulado, pero otras tantas -más de un centenar- están consideradas en situación de abandono.

Inventario. Partiendo de las barreras más grandes a las más pequeñas, el inventario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúa en la provincia un total de 31 presas y embalses destinados al abastecimiento, regadío, explotación hidroeléctrica o usos industriales. Por año de construcción, el más antiguo de los catalogados es el pantano del Arlanzón, que data de 1933. Le sigue Ordunde, de 1934, y las diferentes presas de uso eléctrico a lo largo del río Ebro, construidos entre finales de los años 40 y los 50. 

Presa de Cillaperlata, en el Ebro, gestionada por Iberdrola. - Foto: Jesús J. Matías

La infraestructura más reciente es Arana, ubicada en el Condado de Treviño, que se realizó en 2009 y en breve se incluirá en el inventario nacional el embalse de Castrovido (44 hectómetros cúbicos) y el de su cola, que se catalogan como en fase de construcción y no de explotación. 

Por capacidad, Úzquiza es la mayor infraestructura hidráulica de la provincia, con 75 hm3 de capacidad, seguido de los pantanos Arlanzón (22,3 hm3) y Ordunde (22,2 hm3), ubicado en el Valle de Mena y explotado por el Ayuntamiento de Bilbao para abastecimiento de su red municipal. 

Los titulares de estas infraestructuras son muy variados y van desde el Estado, la Junta de Castilla y León (en el caso de las lagunas de Neila), la Diputación (la presa de Oca) hasta Iberdrola (Cabriana, Cereceda, Cillaperlata, entre otras), varias comunidades de regantes o empresas privadas, como ocurre con San Quirce (cuyo titular es Agrícola Cinegética San Quirce) o el embalse de la Minera Santa Marta. 

Balsas de la Minera Santa Marta, en Belorado. - Foto: Valdivielso

Molinos. En los ríos burgaleses hay diferentes barreras transversales que interrumpen el flujo del agua. Por un lado, están los pantanos y embalses para el abastecimiento y almacenamiento de agua antes mencionados y, por otro, los azudes de derivación y pequeñas presas, que son muros de diferentes tamaños cuya función es detraer agua al río y conducirla a través de cauces hacia molinos, centrales hidroeléctricas, zonas de riego o industrias.

Estas barreras -de diferentes tamaños y alturas- están sujetas a una concesión administrativa por parte de las confederaciones hidrográficas competentes, que autorizan el uso de una cantidad de metros cúbicos al año por un periodo de tiempo limitado. Cuando cesa la actividad para la que otorgó la concesión, el derecho de uso del agua se extingue y, en teoría, debería desaparecer las barreras y devolver el río a su estado natural.

«La mayoría de los molinos, por ejemplo, ya no tienen la actividad por la que se les otorgó la concesión, pero mantienen los azudes o las pequeñas presas que en su día levantaron en los ríos para captar el agua. El retirar estas infraestructuras cuesta dinero, por lo que muchas ya han pasado a formar parte del paisaje», reflexiona Vicente Paredes, experto en temas de agua y responsable de la empresa burgalesa Hydra.

El fin de la concesión no ha obligado -hasta la fecha- a retirar del río las infraestructuras que se construyeron para materializarla, «lo que ha llenado los ríos a lo largo de los años de cientos de obstáculos sin uso y sin concesión».

Censo. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que cubre una buena parte de la geografía provincial [el resto pertenece a las confederaciones hidrográficas del Ebro y Cantábrica] ha realizado un censo detallado de presas, azudes y otros obstáculos artificiales en su cuenca. 

Así, en la provincia de Burgos se contabilizan un total de 818 obstáculos, entre los que también se incluye a los puentes, viaductos, vados y caminos. 

Las pequeñas presas suman 116 en la provincia, 88 de las cuales están en explotación y 28 se consideran abandonadas.   

Obstáculos de río como tal (presas de molinos, azudes, infraestructuras de riego, playas de recreo, etc.) hay registrados 263 y, entre ellas, hay 37 que se consideran en estado de abandono. Entre ellas, hay presas de molinos y de riegos y azudes en ríos como el Mataviejas, Crucejas, Valpoza, Ciruelos, Vallardales, Pedroso, Abejón, Arlanza, Arlanzón, Ausín, Ubierna, Urbel, entre otros.

Según refleja el censo, la CHD ha demolido 12 barreras en los ríos Riaza y Ausín, entre otros, y varias infraestructuras de comunidades de regantes. A ellas se suman otras barreras que están derruidas. «Las actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta la CHD tienen como objetivo alcanzar o conservar y mantener, o incluso recuperar, en función del caso, el dominio público hidráulico y el buen estado de las masas de agua y paliar los efectos de las inundaciones y sequías», explican desde el organismo público.

«Estos azudes, que no son embalses, sino pequeñas barreras que interrumpen el paso del agua pueden generar una acumulación de residuos y entonces generar problemas en el momento en que haya avenidas. Es aquí donde actúa la Confederación, en el marco de la Directiva Marco del Agua y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, nunca poniendo en peligro el abastecimiento ni la capacidad de almacenamiento de agua», puntualizan desde la CHD. 

«Ruinas». Vicente Paredes aboga por ir retirando estas barreras, que califica de «ruinas» y «escombros» integrados en el paisaje del río y también en la memoria colectiva. «Los vemos como algo normal, pero no lo son. De hecho, son perjudiciales para la dinámica del río».

Los ríos tienen un régimen de caudales que varía a lo largo del año y, además de agua, transportan y redistribuyen toneladas de sedimentos. «Cualquier obstáculo deja pasar el agua, pero retiene los sedimentos, lo que cambia la morfología del río.  No son elementos inocuos. Aguas abajo de las presas se activan los procesos erosivos. Los peces no pueden remontar estas barreras para poder hacer sus puestas».