Cristina Ayala, primera alcaldesa de Burgos por la gracia de Vox, ha perdido la oportunidad de predicar con el ejemplo y demostrar que esa política de austeridad y de reducción en el gasto público y político en las instituciones que pregona el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es algo más que una proclama mitinera. Lo cierto es que, desde Torrelodones a Náquera y de Marbella a Cádiz, una de las primeras medidas que han tomado algunos regidores ha sido subirse los sueldos. En la capital burgalesa su primera autoridad parece que no ha querido ser menos y se ha sumado a esta marea de incrementos retributivos y todo sin que su socio de gobierno municipal haya dicho esta boca es mía. 

Cristina Ayala está en su pleno derecho de cobrar algo más de 92.000 euros brutos anuales, cifra que se encuentra dentro de 92.928 que la legislación estatal vigente fija como tope para los alcaldes de municipios de 150.001 a 300.000 habitantes como es el caso de Burgos capital y, de paso, tratar de igualarse en la tabla salarial con el presidente de la Diputación burgalesa, que no anda lejos de esos dígitos, pero resulta que el exalcalde socialista Daniel de la Rosa optó por no llegar al tope legal entonces (89.000 euros) y quedarse en casi 79.415 euros, un sueldo más que digno para un alcalde y similar al que en su día cobró su antecesor, el exregidor popular Javier Lacalle. 

No cabe duda que la flamante alcaldesa, que se convierte en la regidora mejor pagada de Castilla y León, tenía una nómina superior como senadora del reino de España y que sale perdiendo con el cambio, pero eso es harina de otro costal y, sobre todo, no debería servir tampoco como justificación para apuntarse a los máximos. En unos políticos que se precien, y eso va también por el nuevo presidente de la Diputación, los gestos en los sueldos y la moderación salarial de los cargos políticos dicen mucho a la ciudadanía. Más en un momento en el que debería reducirse el gasto político también en las administraciones locales.