El derribo del viaducto de Frandovínez por su deficiente ejecución -con hormigón de menor resistencia a la requerida- fue el causante de buena parte del retraso en la llegada del AVE a Burgos. Asimismo, la orden del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de echarlo abajo tras detectar los fallos se topó, durante un tiempo, con la negativa de la UTE a llevarla a efecto, por considerar que la medida no estaba totalmente justificada. Esta controversia entre las empresas Altec y Torrescámara y el Ministerio de Transportes llegó a los tribunales. Las constructoras recurrieron la decisión y pidieron una indemnización y ahora la Audiencia Nacional ha dictado sentencia y le da la razón al Adif, de manera que no contempla compensación económica alguna para la UTE.

El fallo judicial llega en 2023, con la infraestructura ya estrenada y en funcionamiento, pero pone fin a la polémica y a la pretensión de la unión temporal de empresas de cobrar por tener que construir dos veces el tristemente famoso puente sobre el Arlanzón. Hay que recordar que la misma Audiencia Nacional sí dio la razón a la misma UTE en otro procedimiento en el que reclamaba por la ejecución de obras no contempladas en el proyecto del tramo Estépar-Burgos. De hecho, Adif tuvo que abonarle una indemnización de 7,5 millones. Ahora no ha sido así.

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