Con tres campañas electorales seguidas en un estrecho horizonte de poco más de dos meses, la inminente actividad legislativa en España se vislumbra al ralentí. Un escenario político en el que buena parte del movimiento en las Cámaras se centrará en las próximas semanas en las comisiones de investigación sobre los contratos de compra de material sanitario en la pandemia.
Así será en las ya creadas en el Congreso y el Senado, a modo de trincheras paralelas entre las dos grandes fuerzas del país. La primera, impulsada por el PSOE y sus socios de investidura, y la segunda, avalada por el PP y su mayoría absoluta. Ambos partidos son conscientes de que se juegan mucho, por la expectación mediática y el clima de máxima tensión que generan.
En este contexto, la medida la marca la nómina de comparecientes que aprueben ambos comités parlamentarios. Y ahí reside la estrategia de socialistas y populares, que se miran de reojo dispuestos a responder al golpe del contrario. Un juego pugilístico en el que hay un listado de nombres que podrían definirse como los más buscados: el exasesor Koldo García, el que fuera titular de Fomento socialista José Luis Ábalos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el también exministro y actual candidato del PSC a los comicios del 12-M, Salvador Illa.
Fuera quedan, por el momento, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por parte del PP, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del PSOE. Ninguna de las dos direcciones rechaza llamar próximamente al máximo responsable de la formación contraria, pero por ahora se reservan esa contundente baza.
Tampoco se descarta que en un futuro acaben siendo citados la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González, o la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, una línea roja que a ojos de populares y socialistas tendría difícil retorno.
Hasta la fecha, el PP registró oficialmente esta pasada semana su listado de citados en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Un compendio de comparecientes entre los que figuran, además del propio Feijóo y Ayuso; el citado Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; y el que fuera jefe del Ejecutivo canario y actual titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; entre otros.
A la par que los populares, el PSOE también registró su listado de citaciones para la Cámara Alta, en el que se centró en nombres más técnicos y de altos funcionarios de la administración.
Plena campaña del 12-M
En lo que respecta al Congreso, y en contraposición a la mayoría absoluta del PP en el Senado que no requiere de acuerdos, los socialistas están obligados a «consensuar» con sus socios en la Cámara Baja los nombres de los comparecientes. Una tesitura en la que cobra vital importancia la presencia o nó de Illa en las comisiones de investigación en plena campaña electoral en Cataluña.
Con la vista en las urnas, Junts y ERC reclaman a Ferraz su citación, junto a Sumar. La presencia de Illa en las dos comisiones tampoco viene mal al PP de cara al 12-M.
El PSOE confía en llevar una lista cerrada con sus socios parlamentarios a la Cámara Baja para que sea votada con mayoría el próximo martes, día 16. De momento, los nombres de Ayuso, Illa y Armengol ya están aseguradas.
El PP pedirá la comparecencia de 67 personas, que son las mismas 58 que ya plantearon en la comisión del caso Koldo del Senado y otra decena en la que destacan nombres como los de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto por asuntos «vinculados» con la mujer del presidente del Gobierno.
¿Cómo se desarrollan?
Las comisiones de investigación están reguladas por los diferentes reglamentos de cada cámara. En el caso de la del caso Koldo del Senado no se ha fijado límite de tiempo, mientras que la del Congreso tendrá un plazo de cuatro meses prorrogables.
Están obligados a acudir todos los ciudadanos que sean citados según el artículo 76 de la Constitución, y en el caso de la Cámara Baja la notificación del requerimiento para comparecer y de los extremos sobre los que se deba informar deben hacerse con 15 días de antelación, salvo por circunstancias de urgente necesidad y no en un plazo inferior a tres días. La duración de las intervenciones y el método de trabajo debe ser aprobado por la propia comisión, que decidirá en función del criterio del voto ponderado.
En ambas cámaras, las conclusiones de estos comités no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a los fallos judiciales, pero en el Congreso deberán ser aprobadas por el pleno y comunicadas al Gobierno.