Un alquiler social. Ésa es la reclamación que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) hace al Banco Santander para una familia de marroquíes que ha sido desahuciada de su vivienda. Miembros de este colectivo -que ayer se concentraron en el número 4 de la calle Travesía de las escuelas, donde se ubica el piso que ahora han ‘recuperado’-  destacan que los afectados no tienen acceso a vivienda digna alguna y que se encuentran en una situación de «clara exclusión social». En el citado piso vivían ocho personas:el matrimonio y seis hijos, cuatro de ellos menores de edad.

Los problemas para esta familia comenzaron en 2009 cuando el padre, Ahmed Al Marrau, se quedó en el paro después de años trabajando en la construcción. «Hasta 2011 pudimos hacer frente a las mensualidades», explica el propio afectado, pero a partir de entonces fue imposible debido a que sus ingresos se redujeron a la ayuda mínima de 426 euros. «En ese momento, Banesto fue a una subasta notarial, un procedimiento que, a día de hoy, después de la reforma hipotecaria, apenas se hace. De hecho, cuando este banco se incorporó al Santander, éste dejó de hacerlas», destaca Julia Braceras, portavoz de la PAH. Esta situación provocó no sólo que la familia afectada se quedara sin casa, sino que además tuviera que afrontar una deuda de 62.000 euros. «Por eso, han vivido en situación ‘alegal’ porque no tenían un contrato y la propiedad era de la entidad bancaria», añade.

Junto a ello, el pasado 16 de abril -según relatan- les dieron a firmar un papel en el que les instaban a entregar las llaves y les decían que no les reclamarían la deuda, «aunque no se la perdonaban. Firmaron y se tuvieron que ir a la calle. Y cuando volvieron a los tres días, se encontraron con que la casa estaba vacía». Ante esta situación, la PAH espera que el Santander «sea tan sensible como dicen en las ruedas de prensa» y ofrezca una alquiler social a esta familia. La actuación de esta plataforma se enmarca dentro de su campaña de realojos.