A los autores del atentado más salvaje perpetrado por ETA en los estertores de la organización criminal y terrorista se les imputó, entre otros delitos, el de 160 asesinatos terroristas «intentados». Dentro de la Casa Cuartel había 118 personas (41 eran niños). Además, hay que sumar las víctimas del vecindario, donde algunos todavía continúan recibiendo asistencia psicológica. Con todo, no hubo ataúdes. Ni negros, ni blancos. La colocación de la furgoneta bomba sobre un suelo no urbanizado impidió que los terroristas lograran su objetivo: echar abajo el acuartelamiento. Si en vez de tierra hubiera habido hormigón bajo la bomba reforzada de 700 kilos, hoy hablaríamos de una de las mayores masacres de la historia de ETA. Quizás de Europa.
La bomba trascendió por su violencia, por el momento -conversaciones con parte de la dirección de los criminales para poner fin a medio siglo de sangre- y porque ETA no perpetraba un atentado con bomba a gran escala desde hacía años. Pero, sobre todo, hizo historia porque no hubo muertos, una afirmación que un matrimonio de burgaleses lleva años contestando y sobre la que la Justicia aún no ha dicho la última palabra.
A James Sarria de Jesús le avisaron en su trabajo, en una fábrica de Villalonquéjar, de que la Guardia Civil quería hablar con él. Estaba a mitad del turno de noche y aún no sabía nada de lo sucedido. Cuando llegó, se identificó y accedió a la zona acordonada, supo más. Lo supo todo. «Vivíamos en una de las ‘casas del Castillo’ -en la calle Joaquín Turina- y la explosión reventó las ventanas de la casa. Mi mujer, que estaba embarazada de cuatro meses, se levantó para ver cómo se encontraba nuestra hija, pero la puerta de su habitación no abría. Como la madera estaba partida, pasó como pudo por el hueco, cogió a la niña en brazos y salió corriendo de la casa con ella en brazos. Tres días después sufrió un aborto y perdimos a nuestro bebé. En el Ministerio lo llaman ‘feto’, pero era nuestro hijo o hija y para nosotros fue víctima del atentado», explica en el punto medio entre la Casa Cuartel y la que era su casa, en cuyo entorno sigue viviendo hoy toda la familia.
En efecto, la sentencia absolutoria de Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’, el jefe de ETA que presuntamente ordenó el crimen pero cuya culpabilidad no se pudo probar en la Audiencia Nacional, recoge con toda claridad que Karol Tascón Gómez, su mujer, sufrió heridas superficiales y «pérdida de feto». También lo dice así el fallo judicial que condenó a los autores materiales del atentado. No se discute, por tanto, que el estrés, el esfuerzo y la onda expansiva tuvieron una vinculación directa con el aborto. Lo que se les niega a James y Karol es la condición de persona «de nuestro hijo o hija, que debería estar aquí con nosotros si no fuera por aquello».
«Entregué un montón de documentación al Ministerio del Interior y mi mujer y mi hija fueron indemnizadas, pero ellos insisten en referirse como ‘feto’ a nuestro hijo, que murió como consecuencia del atentado», insiste. El caso está todavía en manos de la Justicia y pendiente de resolución. «Es una lucha continua de diez años con la que queremos acabar, pero no sin resolver este caso. El atentado nos cambió la vida y todavía estamos sufriendo las consecuencias. Queremos resolverlo, pero llegaremos hasta el final», afirma rotundo mientras su hija pequeña, nacida años después, se aferra a su mano y camina por el vecindario en el que todo saltó por los aires a las cuatro de la madrugada del 29 de julio de 2009.