Las protestas de los vecinos del centro histórico de la ciudad, que cada fin de semana sufrían las peores consecuencias del botellón, motivaron un acuerdo entre los grupos municipales para endurecer las multas por la ingesta de alcohol en la vía pública. La Concejalía de Sanidad modificó la ordenanza de drogodependencia para castigar las conductas más graves con hasta 600 euros. Tenía que entenderse, eso sí, que esta práctica alteraba la paz social. Seis años después, no se ha tramitado ninguna a pesar de que los jóvenes siguen juntándose en algunos lugares de la ciudad para beber. 

Que el botellón sigue siendo un problema se demuestra con cifras. El año pasado, las multas por consumo de alcohol en la vía pública se incrementaron un 72%. De las 164 del 2021 se pasaron a 283. Cabe matizar que el ejercicio anterior todavía estuvo marcado por la pandemia. También que de las restricciones, tal y como insistieron las fuerzas de seguridad, los chavales salieron más excitados de lo habitual, de ahí que también repuntaran las agresiones y peleas.

Todas estas denuncias se saldaron con multas de 30 euros. Ninguna, según confirma la concejala de Sanidad y también encargada de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, tuvo la suficiente entidad como para considerarla grave. Son ésas las que se endurecieron en la ordenanza, al incrementar la horquilla desde los 100 a los 600 euros. La cuestión es que, para tramitarla con esta entidad, hay que demostrar que se altera la paz vecinal. 

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