Reducir la temporalidad en el empleo público es un asunto recurrente en el que vienen trabajando los diferentes gobiernos. El último paso se dio el 30 de octubre con la aprobación de un Real Decreto que se tramita como proyecto de ley en las Cortes y mediante el cual los interinos que lleven más de 5 años de forma ininterrumpida en su puesto pasarían a ser funcionarios por concurso de méritos. En la Diputación de Burgos, unos 80 empleados temporales se encuentran afectados por esta medida, a la que todavía falta la incorporación o no de enmiendas y su publicación en el BOE. «Tendríamos que leer bien la letra pequeña una vez que se publique porque no sabemos exactamente como nos puede afectar, ya que incluso nos podría perjudicar», explica uno de los trabajadores en esa situación con desconfianza.
Aunque algunas incorporaciones a la administración provincial se han ido produciendo según necesidades del servicio hay dos momentos en los que se ha producido una contratación masiva de trabajadores temporales en las últimas décadas. La más importante fue en el año 2007, cuando se incorporó a una veintena de trabajadores sociales, otros 20 auxiliares de enfermería y entre 15 y 20 limpiadores y lavanderos, según señalan desde el sindicato SOI. «Otra fue en 2015, con la contratación de 20 auxiliares de enfermería, cocina o auxiliares administrativos», recuerdan.
En un grupo menos numeroso se encuentran también personas que comenzaron a trabajar en la Diputación en los años 2002, 2003 y 2005, lo que supone casi 20 años. «También hubo una incorporación notoria a partir del 2015 y que igualmente están afectados por esta nueva Ley, ya que en el 2014 la Diputación convocó una bolsa de empleo», añaden.
Mientras esperan la publicación de esta ley, desde SOI siguen adelante con los procesos judiciales presentando denuncias respecto a todos aquellos puestos que incurren en fraude de ley, es decir, en los que los trabajadores llevan más de 3 años de forma ininterrumpida y temporal. En este caso, los empleados afectados supera el centenar en la Diputación Provincial.
Dentro del proceso de selección de personal que tiene en marcha esta, aún faltan por realizarse los exámenes referidos a los grupos A-1 y A-2, de los que todavía no se ha publicado el listado de admitidos, pero que debería de hacerse antes de los 6 meses desde que se celebraron los del C-1, es decir, como tarde para abril del 2022. «Barruntamos que la Diputación podría plantearse paralizar este proceso, ver en qué queda este decreto y luego aplicarlo o no», señalan desde el SOI.
«Estamos de los nervios, está siendo una semana horrible», comenta una de las trabajadoras sociales que lleva en el mismo puesto y con el mismo contrato desde hace 13 años. Mientras esperan la publicación definitiva, ella y sus 16 compañeras que presentan la misma situación, siguen trabajando y estudiando para unos exámenes que tendrían que celebrarse en 5 meses. «En principio cumplimos los requisitos del decreto, pero a día de hoy no sabemos si llegaremos a hacer el examen o no», asegura esta trabajadora, que en el mejor de los casos pasaría a ser funcionaria y en el peor seguir con el proceso y presentarse al examen.
En esta categoría se han convocado 23 plazas y ahora en la Diputación hay 17 trabajadoras sociales en abuso de temporalidad. «Lo suyo serían que sacaran de la oposición esas 17 plazas y solo fueran a examen las 6 restantes», dicen.