España sigue siendo diferente. Y muy difícil de entender. En ningún otro país sería posible que siete ciudadanos condenados en su día por asesinato pudieran presentarse como candidatos a concejales. Aquí sí. En concreto en las listas municipales de EH Bildu en varios ayuntamientos del País Vasco. A estos siete candidatos, que en algún caso aparecen en las listas con su alias de cuando formaban parte de la banda terrorista ETA, los acompañan una treintena más que también formaron parte de la misma organización que durante años sembró de cadáveres y dolor nuestro país. En algún caso estos sujetos aspiran a ser concejales en municipios en los que asesinaron a algún vecino cuyas familias siguen viviendo en la localidad. Es una situación que desde el punto de vista cívico resulta insoportable y que, en su contexto político, describe la podredumbre moral de quienes promueven este tipo de hechos.
EH Bildu, la estructura política que dirige Arnaldo Otegi, condenado también en su día por pertenecer a la ETA, lleva tiempo intentando instalar en la sociedad vasca un relato exculpatorio de las actividades de la banda terrorista tratando de justificar el recurso a las armas como si fuera una vía defendible para allegar fines políticos. En el intento de controlar la memoria del pasado han encontrado un aliado en el PSOE de Pedro Sánchez que al elegir a Bildu como socio parlamentario durante toda esta legislatura está contribuyendo a blanquear la historia de la organización terrorista. Tan lejos ha llegado el proceso de blanqueo y tan eficazmente está siendo percibido por sus impulsores que han visto llegada la oportunidad de dar un paso más atreviéndose a presentar en las listas de candidatos a concejales a individuos que en su día fueron condenados por asesinato.
Otegi y los suyos pisan fuerte en el País Vasco y aspiran, incluso, a arrebatarle al PNV la hegemonía del voto nacionalista. Esa fortaleza se ha visto reforzada por el papel de sus cinco diputados en el Congreso como socios activos del PSOE en la elaboración y presentación de diferentes proyectos de ley -caso de la ley de Vivienda o la de Memoria Democrática. Un sarcasmo más, en el caso de esta última, porque la ETA, con el objetivo de tumbar la democracia asesinó a más personas durante la Transición que mientras vivió Franco. Blanquear tan ominosa memoria no debería tener premio político alguno. Pero, como decía, España es diferente. Tan diferente que la noticia como tal no ha merecido ni una palabra de Pedro Sánchez cuando ha sido preguntado por ella en la sesión de control al Gobierno. Mal vamos.