El vandalismo vinculado con el botellón empeora en el paraje de La Picota. A la suciedad de los últimos fines de semana hay que sumar  media docena de árboles rotos y papeleras arrancadas el pasado sábado por la noche. El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, reconoce que este punto «está señalado para hacer una especial vigilancia en determinadas noches festivas, pero siempre dentro de las posibilidades de efectivos». En este caso, el condicionante importa y mucho, porque la ciudad lleva meses con una o ninguna patrulla en la calle y el responsable municipal aclara que en la actualidad la plantilla «suma 16 agentes de baja de un total de 45».

El edil no valora el número, aunque la cifra implica que un tercio de los policías de Miranda no está disponible por temas médicos. En las notificaciones  del semana, sobre La Picota solo queda reflejado que un vecino avisó de los árboles rotos y «los agentes hicieron un parte sobre el asunto». Nada más. Gómez recuerda que su Concejalía puede sancionar estas conductas, pero en los últimos meses los informes no muestran multas por el consumo de alcohol en la calle.

Sobre la imagen del cerro de la ciudad tras las fiestas del fin de semana, el concejal critica que «eso es vandalismo puro y destrozan por destrozar, sin ningún sentido», al tiempo que matiza que «la Policía no puede estar en todos los sitios». El edil agrega que los problemas con el botellón también se han  sufrido cuando había más efectivos, aunque esta primavera ha resurgido con fuerza. Gómez, dentro de la «vigilancia especial», también añade zonas como las Riberas del Ebro o el paseo de La Arboleda,  donde ayer también se acudió para realizar una mayor limpieza.

El conflicto entre la plantilla de Policía Local y el Ayuntamiento de Miranda lleva meses acumulando capítulos, por las reivindicaciones  salariales. De hecho, esta no es la primera vez que el edil habla del absentismo en el servicio, porque en las últimas fiestas de septiembre criticó que once agentes se cogieron la baja para presionar a la administración pública, que mantiene su postura sobre las retribuciones pese a que el asunto ya esta judicializado.