«Castilla y León es tierra de acogida y de solidaridad». Con estas palabras anunció ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que la Comunidad acogerá a 23 de los 380 menores no acompañados que el Gobierno de España trasladará desde Canarias y Ceuta después de la avalancha de pateras de las últimas jornadas. Un reparto que se acordó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este miércoles, y que se enmarca dentro del Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 que Derechos Sociales pactó con las comunidades autónomas en el año 2022. Fernández Carriedo explicó esta situación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer –adelantado del jueves por coincidir con la festividad del 12 de octubre– y donde aseguró que, tras la llamada del Gobierno de España, Castilla y León «siempre ofrece colaboración». De hecho, señaló que los 23 menores que se trasladarán a la Comunidad suponen un porcentaje de acogida «mayor» que el peso que tiene la región «en otras cuestiones». «Demostraremos que somos una tierra de acogida solidaria, que sabe de los problemas de los demás. Castilla y León siempre es solidaria y leal a la nación española».

Sobre el itinerario de integración que vivirán estos menores, Fernández Carriedo detalló que cuando llegan a la Comunidad se trabaja en la integración social en los centros de acogida en los que se instalan y son los profesionales de Servicios Sociales los que hacen un seguimiento en su centro de acogida. En esta línea significó que la integración de los migrantes en la Comunidad «es plenamente normal» y «nunca ha habido problemas con el conjunto de la sociedad». «Tenemos un saldo migratorio positivo, vienen más personas de las que se van».

Por comunidades, Andalucía será la que mayor cifra acoja, con 36 menores, seguida de Madrid (34), Cataluña (33), Asturias (32), Galicia (28) y Cantabria (26); mientras, entre las que menos niños recibirán se encuentran La Rioja (4) y Baleares (10). Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales distribuirá entre las comunidades un total de 20 millones de euros.