Por el ritmo caribeño que demuestran en su avance, muchas veces podría parecer que la administración municipal no tiene instrumentos para conseguir que los propietarios de solares urbanos no se eternicen con los trámites. Y sin embargo dispone de algunos muy poderosos, pues no en vano tocarían el bolsillo de los afectados.
Puede, por ejemplo, sacar un solar a venta forzosa como ya intentó con el de la plaza de Vega en 2016, aunque la enrevesada situación de su propiedad parcialmente concursada lo impidiera. Pero además, sin que el Consistorio deba esforzarse mucho, solo tendrá que esperar dos años hasta poder pegarles un buen susto a los dueños de miles de metros cuadrados clasificados como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana de 1999.
En esos casos, los sectores que no dispongan de ordenación detallada antes de octubre de 2022 volverían a ser rústicos, con el consiguiente desplome del valor de los terrenos. El Ayuntamiento lleva advirtiendo meses que la normativa castiga la desidia y el desinterés. Si en el plazo de 10 años no se mueve un papel para diseñar las calles, los viales y las parcelas donde irán los edificios, automáticamente dejan de ser considerados como urbanizables.
Hablamos de los sectores S-6 (Villafría), S-10 (La Ventilla), S-12 (en el barrio del Pilar), S-16 (en la zona de San Isidro y del Camino de Valdechoque), S-24 (en el entorno del campo de tiro), S-31 (Hermano Rafael), S-34 (Villalbilla), S-37 (Cortes), S-38 (Monte de la Abadesa) y S-39 (Villalonquéjar III).
Salvo interés público. Tal y como avanzó hace unos meses el concejal de Fomento, Daniel Garabito, el único que preocupa en clave de ciudad por su interés público sería el S-16, puesto que su reclasificación como rústico impediría ejecutar la ronda sur por las traseras de Hipercor y el camino de Valdechoque. De ahí que el propio Ayuntamiento pueda tomar las riendas como agente urbanizador, pero en el resto de los casos es probable que se deje al albur del interés particular.
A partir de ahí, si los propietarios prefieren pagar menos IBI pero perder las posibilidades que les reconoce el Plan General, será su decisión y estarán en su derecho.