Lo malo de un jefe de Gobierno con ambición de pisar todas las alfombras es que no puede estar a la vez plenamente atento a lo que se dice, en su presencia, en El Cairo sobre la paz en Oriente Medio, al discurso de la heredera del trono en Oviedo, a lo que no se dice en la semidesierta Carrera de San Jerónimo y, a la vez, angustiadamente pendiente de una reunión que el fugado de Waterloo ha convocado allí con los suyos para decidir qué hacer con la investidura de ese mismo jefe de Gobierno. Y ya para qué hablar de lo que se cuece en la Cámara de las Autonomías, ese Senado que el jueves se veía carente de la presencia de cualquier miembro del Ejecutivo, comenzando, claro, por su presidente, que volaba en esos momentos a Egipto, o a Asturias, o a quién sabe dónde, porque a veces parece que Pedro Sánchez está clonado, de la cantidad de apariciones casi simultáneas que protagoniza.

Pero no, no es un holograma. Es Pedro Sánchez, que obviamente carece de tiempo para reflexionar más o menos profundamente sobre todo lo que está ocurriendo en la vertiginosa transformación de un país tan mágico, para lo bueno y para lo malo, como España y encima en un mundo en inestable mudanza, de Israel a Argentina. Obviamente, no aspiro a que el inquilino de La Moncloa, que donde menos tiempo pasa es en La Moncloa, lea este comentario, claro que no: no tiene tiempo ni para este ni para otros trabajos más ilustres. Y, además, tampoco somos los periodistas quiénes para dar consejos a tan altos señores. Pero sí podemos trasladar a quien corresponda -los lectores siempre en primer lugar- algunas observaciones. Y lo que ha ocurrido esta semana, este jueves en concreto, merece una serena meditación.

El papel de las autonomías en el Estado. Imperfecto, sin duda; necesitado de alguna evolución, incluso de algún toque en la Constitución. Pero es el que tenemos y se hizo presente y ausente, para lo bueno y para lo malo, este pasado jueves cuando el president de la Generalitat acudió a la Cámara Alta para soltar un discurso de nueve minutos y largarse sin atender a lo que otra docena de presidentes de autonomías, todos ellos del Partido Popular por absurda incomparecencia de los tres presidentes socialistas, tenían que decir. Cierto que todos habíamos acudido al Senado impulsados por el morbo de escuchar lo que Pere Aragonés iba a transmitirnos -nada nuevo-- y pocos se quedaron a oír los discursos de los otros. Pero me parece que la proliferación de la palabra 'igualdad', que revoloteó en los breves parlamentos de varios 'barones' del PP, merece detenerse a considerarla.

Porque lo que desde el independentismo catalán se reclama, para dar el 'sí' a la investidura de Sánchez, es una profunda inequidad. La unilateralidad en las decisiones que llegan desde la Generalitat, o desde Waterloo, o desde ambas, coordinadas o descoordinadas. Y esa unilateralidad -término no explícitamente pronunciado por Aragonés, cierto afecta tanto a lo político (amnistía, consulta secesionista*) como, sospecho que fundamentalmente, a lo económico. A esa absurda pretensión de que el Estado, o sea el resto de España, abone a Cataluña, o sea a la administración del Govern y adláteres, casi medio billón de euros, que, reclaman las instancias oficiales catalanas, se les adeuda.

Claro, comprendo que las otras Comunidades, sean gobernadas por el PP o por el PSOE, ya que no la gobernada por el PNV -también ausente en el Senado--, levanten una voz indignada. Y que las querellas, las demandas y los recursos de inconstitucionalidad empiecen a llover, en lo político y en lo económico, sobre las instancias judiciales competentes, que esa, en su momento, va a ser otra muestra de las irregularidades de la política española. Creo que Sánchez, en su multiplicidad de tareas, no está calibrando con el cuidado que merece esta especie de 'rebelión autonómica', a la que algún día puede que se sume incluso alguno de los tres 'barones' socialistas, y conste que no pienso solamente en Emiliano García Page.

Es precisa una regulación consensuada acerca de una nueva financiación autonómica, que es cuestión pendiente desde hace cuarenta y cinco años, cuando nacieron unas autonomías que hoy ni siquiera han visto sus nombres plasmados en la Constitución, tan traída y llevada, tan cuestionada precisamente por quienes más protestan de ser los primeros en cumplirla. También pienso que se necesita un Renacimiento, pero ahora en serio, de aquellos debates sobre el 'Estado de las autonomías' a los que se puso fin cuando se comprobó que las cifras que daban unos y otros simplemente no casaban. Y, desde luego, tienen que volver aquellas conferencias de presidentes autonómicos, fracasadas por el desbarajuste de los mensajes de algunos presidentes -que afortunadamente ya no lo son-- y por la sempiterna ausencia del lehendakari vasco y del president de la Generalitat catalana.

En resumen: hay que hacer que el 'Estado de las Autonomías', si quiere servir para algo, reverdezca no como fuente de conflictos políticos inventados, no como proliferación de una burocracia política absurda, sino como participe efectivo en la gobernación del Estado en su conjunto. Que sean, en definición afortunada de no recuerdo qué presidente, 'autononuestras', no entes lejanos que sirven para contratar a amigos, deudos y parientes. Si realmente los correctivos y las fórmulas propuestos sirvieran como freno y como acicate, no tenga usted dudas de que tanto el País Vasco como Cataluña tendrían, al final, que integrarse en los trabajos que se propongan. Y ahora, cuando el Partido Popular ostenta la presidencia de una mayoría de las Comunidades, responsabilidad es de la oposición engrasar y poner en marcha los mecanismos que correspondan. Porque el presidente del Gobierno (en funciones) anda en otras mil tareas, entre El Cairo, Waterloo y el recinto fortificado de la calle Ferraz, entre otras ocupaciones y preocupaciones. Demasiado ocupado como para pensar en lo nuestro.