Las explicaciones pedidas esta semana por el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, en relación al concurso sobre la ejecución de las obras de reurbanización de tres calles del polígono de Burgos Este (La Bureba, Fernando Dancausa y López Rodó), en el que la adjudicación del contrato ha recaído en la oferta más cara de las siete presentadas, provocó que ayer en la Junta de Gobierno Local se analizara esta situación y se llegara a dos conclusiones. La primera de ellas fue la de no cuestionar públicamente el criterio técnico aplicado en el servicio de Vías Públicas y la segunda fue la decisión de adoptar medidas para mejorar la transparencia, tratar de evitar posibles suspicacias y unificar las reglas del juego, ya que no se entiende en el Ejecutivo que existan requisitos tan dispares entre distintas áreas para licitaciones de características muy similares.

La idea del equipo de Gobierno es diseñar «pliegos tipo» para que, salvando las peculiaridades, no existan, por ejemplo, criterios tan distintos para evaluar las ofertas en Urbanismo o Vías Públicas.
Precisamente ayer se aprobaron las adjudicaciones de dos obras muy similares, pero en las que el proceso de evaluación no ha tenido nada que ver. Así, en Urbanismo, en relación a las obras de reurbanización de las calles Merindad de Castilla La Vieja y de Montija (Villalonquéjar) decidieron que 75 de los 100 puntos se concedan en función del precio más ventajoso y en Vías Públicas, en el concurso para acondicionar las calles del polígono de Burgos Este optaron por dar 60 puntos a la oferta económica y otorgar mayor peso a la evaluación de los llamados criterios subjetivos.

El Ejecutivo estuvo hablando también de que no se entendía muy bien un criterio que se había establecido en el concurso de las obras del polígono de Burgos Este de dar cero puntos sobre cinco a una empresa que ofreció un plazo de garantía de 40 meses ya que excedía en más de un 30% la media del resto de licitadores.

En los pliegos redactados desde la Gerencia de Urbanismo, sin embargo, no se evalúa de esta manera y, sin perjuicio de que se pueda tener en cuenta los plazos (sin castigar a quien los mejore mucho), lo que se fija en el pliego es la obligación legal de que exista una garantía de dos años.

De lo que se trata es de que para la licitación de todas las obras se sigan las mismas pautas, porque no se comprende que en unos casos se conceda mucho valor a los plazos de ejecución de las obras o a la garantía y en otros la oferta económica. Es decir, que no haya distorsiones para evaluar, por ejemplo, las medidas para evitar molestias a los usuarios mientras se desarrollan las obras, los criterios medioambientales, de calidad, sobre la programación de los trabajos...

En resumen, de lo que se trata es de ser lo más objetivos en la evaluación de lo subjetivo.