De un tiempo a esta parte, los tribunales han comenzado a ponerse muy duros con los grafiteros. Hace dos años una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos castigó como una infracción grave una pintada en un bien patrimonial. Esto permitió a la Fiscalía no sólo llevar a juicio, sino pedir penas de hasta tres años de prisión por daños en inmuebles con interés cultural.

Ahora es el Supremo el que abre la vía a castigos mucho más severos, ya no en edificios históricos, sino en cualquier bien de uso público como puede ser un tren, un autobús urbano y hasta un contenedor de basura, independientemente del coste que suponga reparar el daño causado.

La magistrada del Alto Tribunal Carmen Lamela ratificó una condena a dos años de prisión a un grafitero por una pintada en el Metro de Bilbao. Las consecuencias del fallo no es un asunto baladí, pues sienta un precedente muy claro: cualquier pintada, por mínima que sea, contra un bien público o comunal, va a estar castigada con penas de cárcel. Y la Fiscalía tiene la obligación de alinearse con esta doctrina.

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