Las sesiones de control al Gobierno tanto en el Senado como en el Congreso dan para lo que dan, que es bastante poco, salvo para que el Gobierno y el PP se recuerden los casos de corrupción en los se han visto inmersos desde el principio de los tiempos. Ya tienen la plantilla hecha y la única diferencia es quien dirige la ofensiva y quien practica el "catenaccio", posiciones que se invierten según a quien afecten en un momento determinado las investigaciones policiales, fiscales o políticas.
Sin embargo, el espectáculo más relevante tenía lugar el miércoles en el Parlament de Cataluña donde se debatían los presupuestos de la Generalitat para este año y que de decaer abocaban a una convocatoria anticipada de elecciones, que serían las cuartas en este año, lo que tendría una consecuencia directa en los intereses de Pedro Sánchez para alargar la legislatura lo máximo posible. Si Pere Aragonés no saca adelante sus presupuestos, y culpa al PSC por no apearse de sus exigencias y también a 'los comunes' por defender las suyas, ERC puede no votar las cuentas que presente María Jesús Montero, en nombre del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. El panorama se complicará aún más para Pedro Sánchez si en unas hipotéticas elecciones catalanas gana el candidato del PSC, Salvador Illa, y los independentistas pierden el gobierno de la Generalitat, lo que tendría como consecuencia inmediata que le retiraran el soporte parlamentario que dan a la Moncloa.
En la pista judicial se desarrolla el "caso Koldo", a la espera de nuevas revelaciones que puedan suponer la implicación de algunas autoridades relacionadas con la compra de mascarillas y el pago de comisiones, y ahora también se ha judicializado el "caso Amador" -Alberto González Amador es la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso- que acaba de ser asignado a un juzgado madrileño donde comienza su instrucción. En la pista parlamentaria se entra en la fase de las comisiones de investigación parlamentaria, la del "caso Koldo" exclusivamente en el Senado, y en el Congreso la general sobre las compras de mascarillas durante la pandemia, con el ingrediente de que la denuncia por las sospechas sobre la actividad de la empresa de Alberto González Amador la interpuso el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano.
El debate político sobre los casos de corrupción ha tomado una derivada personal. La presidenta madrileña considera que se trata de un ataque ad hominem de la Moncloa como reacción a la presunta relación de mecenazgo que ha mantenido la presidenta del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, con el dueño de Air Europa, que a juicio del PP habría tenido alguna intervención en el rescate de la aerolínea por el Gobierno, un asunto de gran complejidad para resolverlo mediante intervenciones personales cuando estaba por medio la compra de la compañía por Iberia -IAG- y la supervisión europea. El PP va a llevar a Sánchez a un nuevo escenario, la Oficina de Conflictos de Intereses, porque consideran que tendría que haberse ausentado de la reunión del Consejo de Ministros en la que se rescató a Air Europa, aunque ya se han puesto la venda en caso de que no se satisfagan sus intereses, porque ese organismo depende del propio Gobierno.
Y para circo, el nuevo fracaso de las reuniones sobre la renovación del CGPJ con la mediación europea.