El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, pidió hoy al PSOE de Castilla y León que haga de interlocutor con el ministro del ramo, Luis Planas, para establecer "un marco normativo nacional" que articule el "conjunto de apoyos y ayudas" que se deben poner en marcha para apoyar a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y toda España, ante la sequía de la campaña 2023.
Así respondió el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a la pregunta realizada por el procurador del PSOE en las Cortes, Juan Luis Cepa, sobre las medidas que tiene previsto articular la Junta ante la nueva sequía que afecta al sector en esta campaña 2022-2023.
Dueñas concedió que el Gobierno autonómico está "preocupado" por una campaña "sin lluvias y con temperaturas elevadas" que, unidas a las heladas de principios de abril, están generando una situación para la que la Junta estudia "ayudas y apoyos que complementen los que se están desarrollando a nivel nacional y europeo".
Y es que, como explicó el consejero de Agricultura, en esta cuestión existe "similitud" en algunos aspectos planteados por el ministro con respecto a las posibles medidas a tomar, como la activación de una reserva de crisis que, no obstante, "hasta octubre no sería viable", o la flexibilización de la PAC..
No obstante, defendió que la Junta ya ha tomado medidas, como los 10 millones aplicados para la rebaja fiscal de la pasada sequía, que beneficia a 57.000 agricultores de la Comunidad, o el incremento del apoyo a los seguros agrarios hasta los más de seis millones de euros, si bien la campaña actual también necesitará "medidas extraordinarias" como bonificaciones fiscales, cánones y tarifas de riego o una "política hidráulica nacional" que permita "utilizar al máximo" este recurso y se permita "incrementar la regulación del agua".
De gestora de fondos a "cambia dinero"
No le resultó suficiente a Cepa la explicación de Dueñas, ya que ante un año que "será aún peor" que el pasado, exigió "medidas a las administraciones", recordando que el Gobierno, en todo caso, ya ha publicado la orden de reducción de rendimientos al IRPF que "va a suponer el ahorro de 1.800 millones de euros para agricultores y ganaderos" o ha implementado medidas como la flexibilización de las exigencias de la PAC y el adelanto de su pago.
"Pero la Junta tiene la obligación también, como autoridad competente, de convocar ya la Mesa de la Sequía y de flexibilizar los requerimientos autonómicos de la PAC, como ha hecho Aragón", continuó esgrimiendo Cepa, que pidió "paquetes de ayudas económicas ágiles" y que la Junta "ponga dinero y no lo cambie de una partida a otra, como hicieron con la promesa de Mañueco para conceder ayudas descapitalizando otros programas y ayudas al desarrollo rural".
Cambió así Cepa su definición de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al pasar de ser "gestora de fondos europeos a cambia dinero" porque "promete ayudas que no se financian porque no creen en el sector". "Sigan negando el cambio climático", criticó el procurador socialista, que volvió a reivindicar "un fondo para paliar estas situaciones sobrevenidas que se están convirtiendo en estructurales".