El que contamina, paga. Aunque ya se sabía lo que estaba por venir, el Ayuntamiento de Burgos sufre ya en sus carnes la inflexible nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para quienes no reciclan sus desechos o no lo hacen lo suficiente. Desde el pasado 1 de enero, la normativa diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento de una directiva europea, castiga de manera severa el depósito de residuos en el vertedero y eso está teniendo consecuencias en las arcas municipales. Hasta el punto de que el Ejecutivo municipal tiene previsto inyectar algo más de un millón de euros en la próxima modificación presupuestaria para poder hacer frente este año al pago de una factura que se va a multiplicar casi por cinco.

El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, recuerda que el Ayuntamiento traslada cada año al vertedero alrededor de 50.000 toneladas de basura que no se ha podido reciclar (que no se ha depositado en los contenedores de vidrio, papel, plástico...). Y si antes de la entrada en vigor de la nueva Ley pagaba 7 euros por cada tonelada que llevaba a Abajas, ahora tiene que abonar 30 euros por la misma cantidad. Dicho de otra manera, si antes la factura anual rondaba los 300.000 euros, ahora, pronostican en el Ejecutivo municipal, se elevará hasta 1.380.000 euros.

La normativa parece hacer bueno el dicho de que hace falta tocar el bolsillo para que los ciudadanos o las administraciones se pongan las pilas. Las consecuencias para quienes no concentren sus esfuerzos en reducir los residuos serán demoledoras ya que para un Ayuntamiento como el de Burgos el encarecimiento del recibo en 1,1 millones de euros al año es fatal. Básicamente porque a lo largo de los cuatro años de un mandato ese dinero podría ser lo que se necesita para construir un centro cívico o un polideportivo.

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