Cuando alguien se dispone a trabajar para el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Ecyl, espera, cuando menos, que se respeten las normas básicas de contratación. No es lo que ha ocurrido con seis prospectores que fueron fichados en el año 2020 para formar parte de un equipo dedicado a captar ofertas y demandas laborales y a mediar entre los candidatos y las empresas. El Ecyl les hizo un contrato de trabajo temporal por obra, pero ahora la Justicia ha dictaminado que la modalidad debió ser «indefinida» por la naturaleza de su misión, de forma que les reconoce una indemnización por despido improcedente que se sitúa en la horquilla entre 1.000 y 3.000 euros, al mismo tiempo que establece que dichos contratos se formalizaron «en fraude de ley». Contra las sentencias del juzgado de lo Social 2 de Burgos caben recursos ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

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