La Junta de Castilla y León presentará alegaciones ante la Comisión Europea para solicitar el cambio en la situación legal del lobo y flexibilizar su protección, tras el periodo abierto por Bruselas. Además, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anima a las organizaciones profesionales agrarias a «hacer lo propio» de cara a la consecución del cambio en la situación legal del cánido.
Así se lo hizo saber el consejero a las opas en la reunión mantenida con sus representantes para informarles de los últimos acontecimientos en el contexto de las instituciones europeas sobre la problemática de superpoblación del lobo, que «causa daños a la ganadería», según informó la Junta en un comunicado remitido a Ical.
El consejero destacó la importancia de mantener un equilibrio entre la conservación del lobo, una especie protegida, y la protección de los intereses de los agricultores y ganaderos locales, quienes han expresado preocupaciones legítimas en relación con la convivencia de esta especie en sus zonas de actividad.
Las opas, por su parte, expresaron su disposición a colaborar activamente en este proceso y aportar sus perspectivas y conocimientos en las alegaciones que presentarán ante la Comisión. Se espera desde la Junta que «este diálogo y la participación activa de todas las partes interesadas contribuyan a encontrar soluciones adecuadas y sostenibles para la gestión del lobo en Castilla y León».
El lobo era una especie protegida al sur del Duero, pero no al norte, donde se fijaban cupos de caza. Sin embargo, en septiembre de 2021, se incluyó el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que supuso la oposición de varias comunidades del norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco).
Paralelamente, siete estados miembros de la UE (Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Letonia, Rumanía y Eslovaquia) solicitaron a la Comisión Europea la revisión de la situación de los grandes carnívoros en la Unión, especialmente del lobo, para «saber en qué medida la legislación actual está adaptada para hacer frente a la amenaza creciente de los grandes carnívoros y para conservar las tierras agrícolas ricas en biodiversidad».
Los citados países alertaron de que la población de lobos en Europa continental, que se estima en 17.000 ejemplares, podría aumentar de forma exponencial a razón de un 30 por ciento anual, por lo que solicitaron un sistema de vigilancia europeo armonizado y sistemático para recoger datos precisos y actualizados sobre las poblaciones de este cánido, y que se autorizasen derogaciones en el régimen de protección estricta y una posible regulación de la densidad en las regiones para las zonas más afectadas.
También reclamaron que se contemplase una financiación adicional fuera de la PAC para poner en marcha medidas de protección de los rebaños, los sistemas de vigilancia y un régimen de compensación para los ganaderos en caso de pérdidas en el próximo marco financiero plurianual de la UE, que se aplicará entre 2028 y 2034.
Respuesta de Parlamento
El 4 de septiembre de 2023, la Comisión Europea invitó a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre sobre la población de lobos y sus repercusiones, abriendo así un proceso para la posible revisión del estatus legal del lobo en Europa, en el que ahora la Junta presentará alegaciones para pedir la flexibilización en la protección del lobo.