Prorrogan la prisión provisional por abusos para el osteópata

A.C. / Quintana de Valdivielso
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E.P.J., de 58 años, será juzgado previsiblemente a finales de año por 10 delitos de abusos sexuales sobre otras tantas mujeres, por los que la Fiscalía le solicita 28 años de prisión y la acusación particular, 33

E.P.J., a su llegada al Juzgado de Villarcayo tras ser detenido en junio de 2020. - Foto: A.C.

El 29 de junio se cumplirán dos años desde que E.P.J., de 58 años, fuera detenido por segunda vez y enviado a prisión provisional sin fianza por el Juzgado de Villarcayo tras las denuncias de cinco mujeres en aquel momento. A punto de expirar el plazo legal para mantener la prisión provisional y tras celebrar una audiencia con las partes, la Audiencia Provincial ha acordado prorrogar la prisión hasta junio de 2024 para el ahora acusado de diez delitos de abusos sexuales sobre otras tantas mujeres, con edades de entre 33 y 65 años. Los hechos denunciados ocurrieron en su consulta de Quintana de Valdivielso o en localidades de la comarca en 2016, 2017, 2018, 2019 y febrero de 2020.

El osteópata, de origen chileno,  se enfrentará a la petición de 29 años y medio de prisión del fiscal y a la acusación particular de las víctimas y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León,  que suma un total de 34 años y medio de prisión. El fiscal le acusa de dos delitos de abusos sexuales con introducción de sus dedos en la vagina de sus víctimas, que conllevan seis años de prisión cada uno. La acusación particular eleva la petición a seis años y medio por cada uno. Por los ocho delitos de abuso sexual sin penetración de órganos en los genitales, el fiscal reclama dos años por cada uno de ellos y la acusación particular, dos años y medio. Y por el delito de intrusismo, el fiscal y el colegio le piden otro año y medio de prisión.

Ya ha concluido la instrucción del sumario y solo está pendiente señalar una fecha para la celebración del juicio oral, que fuentes cercanas al caso prevén que se fije a finales de este año. Los magistrados justifican la prórroga de la prisión preventiva por considerar que sería «incoherente haberla mantenido con las finalidades que se establecían en el auto de fijación de la misma y ahora, estando próxima la celebración del juicio oral, modificar la situación personal del procesado, ya acusado, asumiendo los riesgos que comporta su puesta en libertad» (...).

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