Se cumple estos días el primer aniversario del acuerdo suscrito entre el PP y Vox para el gobierno de Castilla y León, la única comunidad autónoma que, por el momento, está dirigida en coalición con el partido que preside Santiago Abascal. Entonces se suscitaron las tensiones propias de un proceso de negociación entre dos partidos de distinto signo hasta que llegó el pacto y permitió dar vía libre a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente autonómico.
Tras este primer año en coalición, ambas formaciones airean una gestión «eficaz» en sus respectivos discursos, mientras que la oposición tilda este matrimonio de conveniencia como «el gobierno de la peineta», en clara referencia al inapropiado gesto de Mañueco a una procuradora socialista en sede parlamentaria. Otros calificativos no bajan de lo esperpéntico y el peligro que supone este acuerdo para el país en su conjunto.
Por su parte, el Partido Popular saca pecho de las medidas implantadas, como por ejemplo son la bajada de impuestos, el apoyo a la familia y la natalidad, el compromiso con el mundo rural o el impulso de las capacidades productivas de Castilla y León para la creación de empleo, desde la agricultura y la ganadería a la industria y el turismo. Desde Vox reiteran que el balance de este primer año es positivo y, aunque reconocen que quedan todavía cosas por hacer, ponen el acento «en lo mucho que ya se ha hecho».
Pero al margen de las conocidas luchas fratricidas entre políticos y partidos, cabe preguntarse cuál es la opinión real del tejido empresarial, de las instituciones y los ciudadanos acerca de este gobierno de coalición. Y los comentarios que llegan son, lógicamente, de todo tipo y colorido.
Ciertamente, con la irrupción de Vox en el panorama parlamentario y en el Ejecutivo de una región, los votantes de los partidos tradicionales siguen cuanto menos expectantes. Los sindicatos recelan, la patronal no termina de fiarse, las formaciones progresistas expresan su rechazo y el movimiento feminista siente que puede producirse un retroceso en sus derechos y reivindicaciones.
Por el contrario, sus partidarios alardean de que ahora existe realmente un mayor control del gasto público y de que, de manera paulatina, se van a desmontar estructuras innecesarias y sin contenido que consumen demasiados recursos. Ello sin dejar de promulgar la unidad de España.
No cabe duda de que a este maridaje todavía le queda mucho por demostrar para emitir juicios de valor en profundidad, pero la sensación que, en general, se percibe es que gran parte de la efectividad que le preocupa al ciudadano la pierden en medir los egos que aflora en ambos grupos coaligados. Eso por no hablar de más de algún error por improvisación y una inexplicable falta de coordinación. Al fin y al cabo, la acción de gobierno, por mucho que se empeñen en diferenciar la procedencia y en parcelar las áreas de gestión, es solo una, la que ejerce la Junta de Castilla y León para bien o para mal.