La corriente lleva a las administraciones río abajo hacia una cascada de jubilaciones que afectará en la próxima década a las plantillas del sector público. El margen de actuación se agota y, aunque la maquinaria ya se ha puesto en marcha para reactivar -a su ritmo- los procesos de contratación, las partes implicadas destacan la necesidad de cambiar muchos aspectos de la ley para formalizar a tiempo un relevo efectivo y ágil.

La amplia puerta de salida contrasta con el angosto espacio por el que entran los nuevos trabajadores públicos. Algunos factores son consecuencia del inexorable paso del tiempo, pero la situación exige una flexibilidad que choca con la rigidez de las administraciones.

El caso de la Diputación de Burgos es el más claro, atendiendo a las cifras oficiales. Y es que 515 de sus 1.127 trabajadores tiene en la actualidad entre 50 y 60 años. En total, un 63% de la plantilla enfila sus últimos años de vida laboral. Los acontecimientos se precipitarán en el futuro inmediato, máxime después de que el pasado año se jubilaran el doble de trabajadores (43) de lo habitual (20) por el goloso aumento de las pensiones del 8,5% aprobado para este año.

«Se van sacando las plazas», defiende Lorenzo Rodríguez. El responsable de Personal de la institución provincial destaca las políticas desarrolladas para eliminar la interinidad y favorecer «la incorporación de gente más joven», si bien reconoce las dificultades de los procesos de renovación. «Esos expedientes no son tan rápidos como se desearía. Ojalá se pudieran iniciar ocho meses antes de una jubilación para tener la plaza preparada, pero la ley no lo permite», recuerda.

Rodríguez insiste en este punto, para defender la «previsión» de la Diputación a pesar de los condicionantes. «Estoy a favor de evitar ese vacío existente entre que se marcha una persona y llega otra. En una empresa privada es de sentido común anticiparse a una jubilación, pero en la administración no se puede», zanja.

Fernando Ojeda, presidente de la Junta de Personal de la institución, destaca que la «manera de gestionar las ofertas de empleo» tiene su impacto en el futuro. «Entran a trabajar promociones enteras, como ocurrió hace 30 años.Y, de la misma manera, saldrán a la vez cuando llegue el momento de la jubilación», explica, para destacar esa subida del 8.5% de las pensiones. «Muchos lo han aprovechado», asume.

El presidente de la Junta de Personal y secretario general de Acción Sindical de UGT, Federico Sanz, también resume el complicado escenario en el que se encuentra el Ayuntamiento de Burgos y subraya que en los últimos diez años «apenas se ha rejuvenecido» esta administración.

La «elevada media de edad» admitida por la concejala de Personal, Nuria Barrio, choca con la realidad de unas tasas de reposición mínimas que se dejan notar, sobre todo, en algunas secciones como los servicios de almacenes o la brigada de obras. «En esos casos están en 55 años o más», explica Federico Sanz.

Un total de 48 trabajadores del Ayuntamiento llegaron el pasado año a la línea de meta de su vida laboral y el presidente de la Junta de Personal aboga por «quitar el topado de la tasa de reposición para cubrir adecuadamente los sectores que más lo necesitan». «Muchas veces se jubila una persona de un lado y se cubre de otro. Algunos puestos tienden a extinguirse y es importante agilizar todos los procesos», explica.

Para ello, se debe reforzar la sección de Personal «para que los plazos sean razonables y no esperar a ponerlos en marcha cuando están a punto de caducar». «El Ayuntamiento de Burgos es muy lento para resolver los procesos selectivos. No hay ninguna agilidad», subraya.

Los datos de los años previos a la pandemia advertían que la media de edad de los profesionales de la administración local ya frisaba los 54 años. Los informes internos del personal municipal destacan que el 52% de la plantilla es mayor de 50 años y solo el 14% tiene menos de 40. La banda de edad situada entre 41 y 49 años aglutina una bolsa importante de trabajadores públicos que en poco tiempo añadirán aún más presión a este problema de lenta solución.

La situación no es mejor en el sector público del Estado. Ni siquiera la conocida como mayor oferta de empleo de la historia mitiga el problema de fondo. «No es suficiente», destacan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), para apuntar otros factores clave. «La tasa de reposición no llega. Entre los jubilados y lo que se ha perdido en los últimos años es una locura. Policía Nacional, Guardia Civil, docentes... el índice es muy pequeño», explican, un argumento compartido por el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Federico Sanz. 

«La mayoría de las plazas ofertadas son de estabilización y se van a renovar por méritos por gente que ya tiene una edad», expone. Esta medida «ayudará a la regularización de la temporalidad, pero no va a rejuvenecer las administraciones».

Aunque resulta muy complejo establecer una estadística exacta, en CSIF estiman que la media de edad en los puestos de la Administración General del Estado es de 58 años y ello agrava el problema a pesar de la convocatoria anunciada para 2023. «La solución pasa por convocar más plazas porque esta oferta de empleo público no es real», insisten.

Siempre según los datos manejados por este sindicato, la media de edad del funcionariado del Estado es de 52 años y hay aspectos a tener en cuenta que acelerarán el aluvión de salidas. «Afectará la reforma de las pensiones. La incertidumbre de saber qué pasará en los próximos años adelantará las jubilaciones», avanzan.

Sobre todo, en el personal incluido en el régimen de clases pasivas. «Hay funcionarios que se pueden jubilar a los 60 años y otros, como en la Seguridad Social, a los 65 porque son posteriores», apuntan.

En el caso de la administración regional, el año 2022 se cerró con 126 salidas en Burgos (54 de ellas de personal laboral) y la progresión de futuro tampoco varía con respecto al resto de casos. 

Los sondeos realizados por CSIF apuntan a que la media de edad de los trabajadores alcanza los 54 años y el problema exige un acelerón para cubrir las vacantes que quedarán disponibles a corto y medio plazo. «Hay un problema estructural en todas las administraciones y, además, los jóvenes no tienen vocación de preparar una oposición», matizan.