La Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que entró en vigor en abril del año pasado, dio a los ayuntamientos de toda España un plazo de dos años para tener lista «una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria». Dicho de otra manera, abril de 2025 es la fecha tope para que las entidades locales actualicen la tasa (en el caso de que ya disponga de ella) y que con ella se sufrague el 100% del coste que se paga por la recogida de basuras.
En el año 2022, el grado de cobertura del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria en la ciudad de Burgos se situó en el 94,18% al arrojar un déficit entre los ingresos por la tasa y el coste de estos trabajos de algo más de 722.000 euros. Sin embargo, la situación no ha mejorado para las arcas municipales, ya que el área económica del Ayuntamiento sufre ya en sus carnes, desde el pasado uno de enero, el encarecimiento de la factura de lo que paga por depositar los residuos al vertedero. La filosofía de que el que contamina paga ha llevado al Gobierno de Madrid a elevar de 7 a 30 euros el precio por tonelada de desecho. Y eso se traduce en que, si no se recicla más, la ciudad va a pasar de pagar 300.000 euros al año a tener que desembolsar 1,2 millones. ¿Y cómo exige la Ley que se abone el gasto del servicio? A través de la tasa.
A esto se suma que las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes están que se caen y los planes pasan porque Somacyl adelante una inversión de 25 millones de euros que habría que pagarle a lo largo de los próximos 15 años. Teniendo en cuenta que se cuenta con tener que pagar un canon anual de unos 3,7 millones (se incluye ahí también la gestión y otros gastos), la tasa podría ser también la fórmula para afrontar este desembolso que se avecina.
Ante este panorama, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, expresa que la voluntad para el corto plazo del equipo de Gobierno es «no subir la tasa o que el incremento sea el mínimo posible». Y los planes pasan, al menos por el momento, por esperar y aprovechar que la nueva Ley da aún de plazo hasta abril de 2025. Eso, siempre y cuando los servicios económicos del Ayuntamiento no obliguen a tener que subirla antes. De ahí que por el momento todo sean conjeturas y no se pueda hablar de certezas.
El criterio de la oposición. El concejal del PSOE Josué Temiño afirma que su grupo, por la información que manejan, entiende que a día de hoy se puede evitar una subida de la tasa.
Temiño, eso sí, reclamó al actual equipo de Gobierno que se deje «excusas» y «se ponga a trabajar» para cerrar cuanto antes la encomienda de gestión del CTR con la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ya que ellos, durante el pasado mandato, ya lo dejaron todo listo y lo único que hace falta es ponerla en marcha. El actual Ejecutivo recuerda que apenas llevan tres meses en el poder.