Adelantar las elecciones no solo supone un cambio en el calendario, es un tsunami político que ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso. Con ello, se paraliza la tramitación de las iniciativas en marcha, con lo que se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

El Pleno del Congreso de esta semana iba a debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox y otra de Unidas Podemos. La de los derechistas era una reforma del Código Penal para, entre otras cosas, que se pueda castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen «atentar contra la unidad o la integridad territorial de España». La de los morados buscaba obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores  ante el caso de Ferrovial, a la que el grupo confederal acusa de practicar «piratería económica».

Se iban a debatir asimismo dos proposiciones no de ley -una del PP, sobre medidas relativas a la vivienda habitual y otra del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados-, así como tres mociones: dos, de ERC y Junts, que pedían el traspaso de Cercanías a Cataluña y una del PP, sobre la «deficiente gestión» del Ejecutivo.

Otro proyecto que encalla y que se iba a aprobar para su posterior remisión al Senado es el que regula las Enseñanzas Artísticas y también estaba previsto someter al debate de convalidación un decreto con medidas contra la sequía y la promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes.

Además se interrumpen el resto de actividades parlamentarias, con lo que esta legislatura ya no podrán ver la luz más de 60 textos legislativos. En concreto, se quedan en el tintero un total de 25 leyes procedentes de decretos ley que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Todas están en vigor, algunas desde 2020, pero el adelanto electoral impedirá modificaciones entre otras de la relativa a las pensiones o al nuevo sistema de cotización de autónomos.

Limbo legislativo

Las leyes aprobadas por el Consejo de Ministros que no verán completada su tramitación en el Congreso son: la ley de Seguridad Nacional, la trasposición de directivas europeas para la lucha contra el fraude, la de equidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de eficiencia digital de la Justicia, la Ley del Cine, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la Ley de Familias y la del Derecho de Defensa. A ellos se suma el proyecto de reforma constitucional para suprimir el término disminuido y sustituirlo por persona con discapacidad.

De entre las iniciativas que llevan la firma de los grupos parlamentarios no verán la luz la de Secretos Oficiales, la reforma el Código Penal para la protección de la libertad de expresión, así como la destinada a despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, las que reforman la que regula el Tribunal Constitucional y el Registro Civil, y otra reforma del Código Penal o la que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española. 

También se quedan en el limbo la ley para la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, las leyes que buscan mejoras para los pacientes de ELA y para la protección laboral de los que tienen una enfermedad grave como el cáncer, la Ley de Salud Mental y la que perseguía aplicar un IVA del 4 por ciento a los servicios de dependencia.

En materia cultural, además de la Ley del Cine se paraliza la tramitación de la de Enseñanzas Artísticas. Lo mismo sucede con la de garantía del acceso a la banda ancha de Internet a 100Mbps en zonas rurales y otra norma para luchar contra el antisemitismo.

Tampoco podrán ser aprobadas ya en esta legislaturas la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad y maternidad, la que persigue que estas circunstancias sirvan para la suspensión de juicio oral y la que reconoce como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones.