La Junta aprovechó la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, con presencia del Ministerio y las comunidades autónomas, para solicitar una moratoria de la ley que obliga a los alumnos en prácticas a cotizar a la Seguridad Social a partir del 1 de octubre. Una norma que afectará a los universitarios y los estudiantes de Formación Profesional que participen en programas de formación y prácticas académicas externas en empresas, que obligará a las empresas a cotizar por ellos, aunque estará bonificada al 95 por ciento. La consejera de Educación, Rocío Lucas, advirtió que, de no llevarse a cabo esta moratoria, existe el riesgo de perder «muchas» prácticas al considerar que las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son la inmensa mayoría en la Comunidad, optarán por no solicitarlas ante la «tremenda» carga burocrática.
Con motivo de la presentación de los datos de admisión de los cursos de segundo y tercero del primer ciclo de Educación Infantil en el colegio Ponce de León de Valladolid, Lucas recordó que la Junta ya solicitó por escrito al Ministerio de Educación incluir en el orden del día de la reunión el punto de las prácticas en empresas por parte de los alumnos de Formación Profesional y Universidad. No en vano, precisó que es un asunto que «preocupa» al ámbito universitario pero también a la FP. «Ya manifestamos nuestro rechazo a hacer las cosas de forma precipitada y sin conocimiento de las comunidades, ya que es una norma del ámbito laboral que impacta en el sistema educativo», expuso.
La consejera señaló, según recogió la Agencia Ical, que el Ministerio solo gestiona la educación en Ceuta y Melilla, por lo que su capacidad de gestión está «muy limitada» a un territorio, por lo que desconoce el impacto de una norma, que se plasma en una ley, y luego hay que implantarlo en el sistema educativo. En este sentido, alertó que existe el «riesgo» de la pérdida de las prácticas en el ámbito universitario pero, sobre todo, en la FP, donde toda la formación se hace en centros de trabajo. Añadió que no es lo mismo una autonomía con tejido industrial, donde haya más capacidad de gestión administrativa de las prácticas, que Castilla y León, «llenos» de pymes y micropymes.
En este sentido, alertó que muchas empresas no disponen de las herramientas y los medios para preparar estas prácticas. «No queremos que lo que ahora funciona muy bien en la FP, se produzca una marcha atrás», aseveró. También se refirió a las diferencias entre universitarios, puesto que unos pueden hacer prácticas y cotizar a la Seguridad Social y otros, no.