Los precios del gasóleo, las subvenciones al combustible, la fiscalidad o el IVA pagado y percibido han constituido históricamente algunas de las reivindicaciones más importantes del sector y las razones que impulsaron las grandes movilizaciones generales el campo. Las protestas se solían saldar con largas mesas de negociaciones con los ministerios económicos y con Agricultura como sede de los encuentros. Hoy, las movilizaciones celebradas ya en media España y las que se han programado para lo que resta de este mes mantienen el objetivo prioritario de lograr una actividad rentable que asegure el futuro de la explotación, frene los abandonos y potencie la incorporación de los jóvenes.

En este escenario, Agricultura ha pasado de ser la mesa única del Gobierno frente a las demandas agrarias, a ser solamente un buzón donde se reciben todas las reivindicaciones, tanto las que tienen la posibilidad de una respuesta estatal como las que exigen soluciones provenientes de la Unión Europea. Sin embargo, en esta ocasión, más allá de la necesidad de controlar los incrementos de los costes de producción o la demanda permanente de que se cumpla la Ley de la Cadena pagando unos precios que cubran, al menos, los costes de producción, en las movilizaciones se han colado con fuerza otras demandas claves.

En primer lugar, las referidas a las exigencias medioambientales: las conocidas como Buenas Prácticas Medioambientales, la denominada condicionalidad reforzada de cumplimiento obligado para acceder a las ayudas comunitarias, la rotación de cultivos, superficies no productivas sujetas al abandono, cobertura de suelos o tipos de laboreo. En segundo lugar, una mayor simplificación, menos papeleo y burocracia a la hora de cumplir o justificar el cumplimiento de esos compromisos. En otras palabras: el campo se rebela contra la obligación de tener una gestoría en cada explotación, una cuestión que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas y, dentro de las mismas, a las personas de más edad; y no se puede olvidar que hoy más de un 40% de los agricultores tienen más de 65 años.

Agricultura aboga por una simplificación de la carga administrativa y de la gestión del Plan Estratégico, cuestiones que deben tener igualmente una respuesta de las autoridades comunitarias. En el objetivo de lograr una mayor simplificación para la aplicación de la PAC, destaca la decisión de no implantar desde este año el Cuaderno Digital de Explotación, que pasa a ser voluntario. En cualquier caso, y a la vista de su importancia, el Gobierno va a procurar más apoyos directos en el campo para su puesta en marcha por su interés para productores y consumidores. En la misma dirección se halla la decisión del Ministerio de eliminar la exigencia de incluir una foto georreferenciada para acceder a las ayudas en las declaraciones o la decisión de recuperar la figura del régimen simplificado para las explotaciones con ayudas hasta de hasta 5.000 euros.

En línea con las demandas del sector cabe señalar finalmente las cartas del ministro español de Agricultura a la Comisión Europea y a la Presidencia belga en las que solicitaba reducir la carga administrativa de los agricultores y ganaderos de la Unión Europea y las vías para avanzar en esa dirección. Para el ministro español, en el primer año de aplicación de la última reforma de la PAC se habría puesto de manifiesto que el nuevo modelo no solo no implica una simplificación, sino que está suponiendo una mayor carga administrativa, tanto para agricultores como para las propias administraciones. Es por lo que pide una reflexión y destaca la necesidad de adoptar las reglas de la condicionalidad reforzada tal como ya se ha hecho con la que contemplaba la obligatoriedad del abandono de superficies.

Medidas conjuntas. Planas estima que las respuestas dadas desde la Comisión como propuestas aisladas e incompletas no han sido las adecuadas y que serían necesarias otras medidas coherentes y conjuntas para todos los países. En esa dirección se considera necesario reabrir el debate para simplificar las buenas prácticas agrarias y medioambientales. El ministro español critica la rigidez de la Comisión a la hora de aceptar las modificaciones que puedan presentar los países a los Planes Estratégicos de cara a mejorar su eficacia. En el caso de España, señala la necesidad de su modificación en 2024 en diferentes perspectivas referidas a la condicionalidad y a los ecorregímenes, de manera que se logre una mayor implantación en zonas áridas. Siguiendo con la críticas, desde Agricultura se indica que la supresión de algunos reglamentos no está suponiendo una simplificación de la aplicación de la PAC.

Junto a las propuesta para la simplificación y flexibilización de las medidas de la condicionalidad reforzada, España plantea igualmente otra serie de cambios en la política para diferentes sectores. Fundamentalmente se refiere a la apicultura y a una mayor simplificación en el sector del vino (desde los programas de reestructuración a las políticas de exportación y de promoción en los mercados exteriores). En las propuestas para cambiar las medidas sobre condicionalidad reforzada en la actividad agrícola sorprende no se hayan contemplado otras sobre las exigencias en bienestar animal en la cabañas ganaderas intensivas.

El objetivo de la flexibilización y la simplificación de la PAC ha sido prácticamente una constante de las autoridades comunitarias desde la Comisión y por parte de algunas presidencias, aunque los objetivos se concretaban más en el control de los gastos para evitar fraudes que en mejorar su eficiencia. Hoy, la existencia de cargas administrativas muy elevadas sobre agricultores y ganaderos preocupa a los propios responsables de la Comisión, así como al gobierno belga como Presidencia de la Unión Europea, que ha reclamado propuestas a todos los países miembros.

En medio de los debates sobre la burocracia, flexibilización y simplificación de la PAC, se estaría sentando la necesidad de ir a una nueva reforma adaptada a las nuevas exigencias medioambientales y de bienestar animal que tome el relevo de la implantada en 2021.