El escenario para casi 10 millones de estudiantes el día después del 28-M puede ser muy distinto en función de quien gane las elecciones: podría significar desde una educación obligatoria hasta los 18 años a la progresiva desaparición de la red concertada y tener una enseñanza gratuita desde el nacimiento hasta el doctorado.

Elección tras elección, ya sea autonómica, municipal o generales, los partidos coinciden en las grandes promesas: más inversiones, la mejora de las infraestructuras educativas -construcción, renovación o ampliación de centros-; la reducción de las ratios para facilitar una atención más individualizada; el impulso de la FP y el freno al abandono y al acoso escolar, entre otros.

Sin embargo se abre un cisma cuando las fuerzas políticas abordan temas como el concierto educativo y el bilingüismo en las comunidades autónomas donde existen dos lenguas oficiales.

Si Cs alcanzara la victoria en alguna de las 10 comunidades en liza o gobernara en coalición con peso para influir, una de sus propuestas es extender la edad de educación obligatoria hasta los 18 años, porque cree que un año extra en bachillerato o FP contribuye a reducir el abandono escolar temprano y la brecha formativa. Igual que el PP, Cs también apuesta por una prueba de acceso a la Universidad única para toda España y un sistema de préstamos similar al que existe en el Reino Unido, a interés cero.

El programa electoral de Unidas Podemos propone una educación gratuita desde el nacimiento hasta el doctorado y una moratoria de los nuevos conciertos educativos y licencias para las universidades privadas, así como una prohibición completa del copago ilegal en los centros subvencionados con fondos públicos.

Aparte del contenido de su programa electoral de cara al 28-M, el partido liderado por Alberto Núñez Feijoó ya ha anunciado que derogará la última reforma educativa del Gobierno socialista porque opina que es lo contrario a la cultura del esfuerzo y el mérito. Por razones distintas también ha avanzado que abolirá la recién aprobada Ley del Sistema Universitario (LOSU). Una de sus banderas dentro del ámbito educativo es la defensa del derecho a la educación en castellano en comunidades autónomas como Cataluña y la libertad de los padres para elegir el centro educativo donde desean que estudien sus hijos. Históricamente ha defendido la existencia de la educación concertada, implantada en España en 1985.

Igual que su principal contrincante socialista, el PP también apuesta por incrementar las plazas de la Formación Profesional, uno de los asuntos estrella de la actual legislatura de Pedro Sánchez, unas enseñanzas que por primera vez han superaron el pasado curso el millón de alumnos matriculados.

En los dos últimos Consejos de Ministros se han aprobado más de 1.800 millones de euros para la FP, que en palabras de la ministra del ramo, Pilar Alegría, es una vía segura para reducir el paro juvenil, elevar la competitividad de las empresas y reactivar el ascensor social a través de la educación.

Gratuidad de 0 a 3 años

Otra de sus apuestas, que replican el resto partidos, es avanzar hacia la gratuidad de la escolarización de 0-3 años y la creación de más plazas públicas, aunque en esta cuestión hay división ya que partidos como el PP y Cs no están de acuerdo en potenciar solo la red pública sino la concertada en este primer ciclo de Infantil, cuya presencia es hoy muy relevante en la mayoría de las autonomías.

Aunque en el programa electoral para el 28-M del PSOE no se mencionen los conciertos educativos, en su última ley educativa ya frena su extensión y prohíbe que las ayudas puedan ser recibidas por centros que separen por sexo.

En el caso de que Vox resultase decisivo en la formación de gobiernos, una de sus medidas es que Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad sean devueltas al Estado, «limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica».