El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, estimó hoy en más de 6.600 los juicios suspendidos en las jurisdicciones de Castilla y León por la reciente huelga de letrados de la Administración de Justicia, que comenzó el pasado 24 de enero y finalizó el 28 de marzo.
Además, precisó que sin contar otras diligencias de tramitación o ejecución suspendidas también a raíz de la huelga, las provincias de Valladolid, León y Segovia fueron las que registraron una "mayor incidencia". Así se lo comunicó a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien solicitó a los presidentes de los TSJ diseñar planes de contingencia a fin de paliar los efectos del paro.
Si bien se trata de una estimación dado que aún no se ha completado la recepción de todos los informes sobre juicios suspendidos, fechas de señalamientos y medidas de refuerzo necesarias para poder evaluar el estado actual de la situación de cada órgano judicial. Concepción se refirió a esta huelga durante su comparecencia para dar a conocer la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Alto Tribunal correspondiente al año 2022.
"Estas vistas orales se encuentran ya señaladas nuevamente, resultando que los órganos de este territorio han visto sus agendas prolongadas en todos los casos, si bien la fecha más tardía en dichas agendas está en el mes de noviembre de 2023, con la excepción de los Juzgados de lo Social, en particular del partido judicial de Valladolid, en cuyas agendas los juicios se sitúan ya en abril de 2024 en algunos casos", aseguró Concepción.
El presidente del alto tribunal autonómico destacó además que "a la fecha de los informes remitidos se desconocía en muchos casos el número de asuntos pendientes de entrada (es decir, asuntos no repartidos con motivo de la huelga) y en otros ese número (por ejemplo, demandas en lo Civil) es ciertamente elevado, lo que sugiere que esas fechas en las agendas se verán rápidamente superadas de modo que los señalamientos en breve se situarán en el año 2024 en todas las jurisdicciones".
"Es por lo anterior que los magistrados y jueces de este territorio, en su mayoría, no han solicitado medidas de refuerzo más allá de solicitar en algún caso prolongaciones de jornada de los funcionarios o reservar la posibilidad de solicitar medidas de refuerzo en el momento en que se conozca el número de asuntos de nueva entrada conforme se vaya retomando la actividad ordinaria", afirmó.