La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, confió hoy en que la Fiscalía entre de oficio ante el posible "delito de odio" protagonizado en la noche de este miércoles por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en el que grabó un video frente al Hotel Balneario Palacio de Las Salinas de Medina del Campo (Valladolid) para mostrar su rechazo por la llegada de 183 inmigrantes.
A juicio de Gómez, el vicepresidente mostró su "fascismo, racismo y machismo" contra los jóvenes inmigrantes, lo que "proyecta de nuevo una imagen negativa de Castilla y León". Por ello, urgió su destitución "hoy mismo" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "para no ser cómplice".
Gómez Urban, quien aseguró sentirse "profundamente indignada y dolorida" como castellana y leonesa, "por ver lo que están haciendo con esta tierra", no descartó que su partido estudie presentar la posible denuncia, pero esperó que la Fiscalía "haga lo que tiene que hacer conforme a la legalidad y el Código Penal en la mano", porque las afirmaciones "son muy graves". "Queremos lo mejor para Castilla y León. Ojalá no estuviera hablando yo aquí del artículo 510 del Código Penal. Pero si no somos responsables cuando hablamos y cometemos algo tan grave, espero que tenga consecuencias", se pronunció.
Recordó que el PSOE invitó a Mañueco tras las elecciones autonómicas de febrero de 2022 a establecer un "cordón sanitario a la ultraderecha porque se sabía lo que iba a pasar", pero "decidió gobernar a toda costa contra el prestigio de la Comunidad". En este tiempo, enumeró, "se ha atacado a mujeres, LGTBi y a todos los que piensan diferente; y todo por los fascistas que Mañueco ha metido en las instituciones". Ayer, de nuevo el secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, le puso la condición de "sacar a la ultraderecha de las instituciones y le contestó que no".
"Tener a fascistas, racistas y machistas genera cosas como el episodio que vivimos ayer, con un vicepresidente que ataca y criminaliza a 183 personas, seres humanos, que huyen de sus malas condiciones y tragedias, lo arriesgan todo, con familias y vida; que no son cosas, son seres humanos, que él dice que son 183 militares, comparándolos con terroristas, diciendo que las mujeres estamos en peligro", denunció Patricia Gómez, quien expuso que el "único peligro" son "los racistas y fascistas"; y el "único culpable", insistió, es el presidente de la Junta.
"Una joyita de vicepresidente"
En este sentido, arreció en las críticas contra García-Gallardo, a quien tachó de "machista, racista y de haber cometido un presunto delito". "Fíjense a qué joyita tenemos en la Vicepresidencia ¿Ni un poco de humanidad? Esta gente huyen de sus casas, con tragedias, imaginemos en qué situación vienen, y aquí la Junta les señala, les llama terroristas y violadores", comentó la viceportavoz, quien irónicamente se refirió al "clasismo" del Ejecutivo, que considera a Castilla y León "tierra de acogida solo de quienes les gustan, de los Frings, los Smith, de los Monasterio, pero no de quienes sufren calamidades; es una auténtica vergüenza y el único culpable es Mañueco".
Insistió en que "lo que está haciendo con esta tierra no tiene nombre" y que Castilla y León es "mejor que la imagen que proyectan". "Nos merecemos mucho más, no un presidente que nos vendió y un vicepresidente que no nos merecemos, porque esta tierra no es machista y racista", apuntó.
También atacó al alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, quien señaló este miércoles que la población inmigrante "puede traer enfermedades". "La última vez que se escuchó hablar de enfermedades en este sentido fue en la época del nazismo y el fascismo, cuando Hitler gaseó a los judíos porque decía que tenían enfermedades", se despachó Patricia Gómez, quien consideró que como alcalde "tiene la responsabilidad de no crear alarma en la población".
Por último, cuestionada por si el Gobierno central podría haber gestionado esta llegada de otra forma, en coordinación con las administraciones regional y local, respondió que se trata de "una crisis migratoria" y la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ya expuso ayer que su teléfono "está abierto" tanto para el alcalde como para la Junta. "Lo único reprobable en este caso no es la actuación del Gobierno, sino las declaraciones de García-Gallardo y el alcalde", afeó la procuradora, quien expresó que el "compromiso de la Junta acaba en el momento en que estos jóvenes llegan aquí".