Mas de tres décadas después de su entrada en vigor, Interior daba por zanjada la pasada semana la política de dispersión de los presos de ETA iniciada por el Gobierno de Felipe González en los llamados años de plomo de la banda. Lo hacía autorizando el traslado de los últimos cinco reclusos que aún quedaban cumpliendo condena fuera de las cárceles del País Vasco y Navarra (dos siguen voluntariamente en Zaragoza por asuntos académicos), entre ellos la pareja de Txapote, Irantzu Gallastegi Sodupe, Amaia, en prisión entre otros crímenes por participar en el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. 

Esa orden, el final definitivo de una estrategia penitenciaria que ya se había venido revirtiendo de una manera acuciante en las dos últimas legislaturas, hizo saltar todas las alarmas entre los familiares de las víctimas, que acusan al presidente Sánchez de «ceder» a las presiones de sus socios de investidura de Eh-Bildu. El porvenir es «incierto», advirtieron, poniendo el foco en las demandas de un «futuro sin reclusos» lanzadas por el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi. 

Otegi se jactó de que, sin duda, la noticia de los últimos cinco traslados era «motivo de alegría» y valoró que con ella «se cierra un ciclo de la política penitenciaria», pero sin esconder las futuras exigencias. Así, reclamó un «horizonte sin presos, ni deportados ni refugiados», una petición a la que contestó con contundencia la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), señalando directamente a Sánchez. 

«Es el responsable de materializar lo que muchos ya sabíamos: que este Gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas», afirmó. La asociación acusó al líder del PSOE de «generar un dolor infinito e innecesario». También le imputó ser el responsable de que «un número más que considerable de víctimas del terrorismo haya tenido que retomar el tratamiento psicológico que, tras mucho esfuerzo, ya había conseguido dejar atrás». 

Asimismo, la AVT alertó de que, con estos hechos, «vamos camino de un mundo en el que los asesinos van a estar en la calle y las víctimas llorando en sus casas. Es decir, vamos camino de repetir la historia».

Mientras, el PNV, pese a que acogió con «satisfacción y optimismo» el fin de la dispersión, consideró que debe servir para que la izquierda abertzale dé «pasos decididos» en el reconocimiento «unívoco» del «daño injusto» causado por la organización terrorista y el acompañamiento a las víctimas.

Golpe a la banda

La política de dispersión fue una medida puesta en marcha en mayo de 1989 por el entonces Gobierno socialista con la intención de debilitar a ETA. El Ejecutivo central tardó en reconocer esos traslados a la opinión pública, aunque algunos Gabinetes autonómicos como el de Baleares y Canarias alertaron de que se estaban produciendo. Hasta entonces, los etarras estaban concentrados en tres centros: Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Alcalá-Meco (Madrid) y Carabanchel (Madrid), donde también estaban las mujeres.

Los terroristas vivían separados del resto de los reclusos y sometidos a una férrea disciplina por parte de la dirección de la banda que hacía imposible la disidencia y se demostraba con acciones concertadas en las tres prisiones. Con la dispersión, el Gobierno trató de romper el denominado frente de makos y facilitar la reinserción de presos más proclives al arrepentimiento, al alejarles de lo que el entonces ministro de Justicia Fernando Múgica denominó «sus jefes mafiosos».

Con la llegada al Ejecutivo en 1996 de José María Aznar, se dieron los primeros pasos para flexibilizar la política de dispersión de los reclusos. A finales de junio de ese año, se trasladó a prisiones próximas al País Vasco a 30 etarras con el objetivo, según el responsable en ese momento de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, de «minimizar los efectos» que la condena tenía en su entorno familiar. 

En 1997 y 1998 se produjeron otros 50 acercamientos más, siempre en función de la situación individual de cada preso, y en 1998 se trasladó a la Península a todos los etarras encarcelados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Así, en total, el Gabinete de Aznar movilizó a 496 presos de la banda. El presidente popular justificó esta acción como una decisión «meditada» y avanzó «que continuaría» de forma individualizada hasta conseguir la paz en el País Vasco.

Ya de nuevo con los socialistas en el Ejecutivo, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) en la Moncloa, la cifra de acercamientos se situó en 237.

Así hasta 2008, cuando el Gobierno institucionalizó la denominada vía Nanclares, a la que llegaron a acogerse una treintena de etarras, que fueron trasladados a Nanclares de la Oca (Álava), Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias), después de haberse desmarcado de la banda terrorista.

Con el Gobierno de Mariano Rajoy solo se contabilizaron 40 acercamientos, ya que pese a que la voluntad de su administración era seguir con esta política el etarra debía cumplir siempre una serie de requisitos como colaborar con la Justicia o pedir perdón a las víctimas.

El Gabinete de Pedro Sánchez fue, sin embargo, el que dio el impulso definitivo hacia el final de la política de la dispersión: entre septiembre de 2018 y septiembre de 2022, se contabilizaron 351 traslados que afectaron a 216 presos. De ahí a la actualidad, la totalidad de presos fueron acercados al País Vasco y Navarra. Un empuje que coincidió con el traspaso, en octubre de 2021, de las competencias en materia penitenciaria a Euskadi, donde hay tres prisiones: la alavesa de Zaballa; la de Martutene, en San Sebastián y la de Basauri, en Vizcaya.