Piden 28 años de cárcel para el osteópata por abusos sexuales

A.C. / Quintana de Valdivielso
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E.P.J., en prisión desde junio de 2020, se enfrenta a dos años de prisión por cada uno de los ocho delitos de abusos sexuales contra otras tantas féminas y 6 años por cada uno de las dos abusos de mayor gravedad

En junio de 2020, E.P.J. fue detenido y conducido ante la juez en Villarcayo que dictó su ingreso en prisión. - Foto: A.C.

Determinar si E.P.J., de 58 años de edad, era un depredador que aprovechaba su condición profesional para abusar de sus clientas será decisión de la Audiencia Provincial. Ante sus magistrados deberá responder de graves acusaciones, como las que realiza el fiscal del caso, quien solicita para el osteopata de Quintana de Valdivielso un total de 28 años de prisión, al acusarlo de abusos sexuales a diez mujeres. Por cada una de las ocho mujeres, que según el fiscal sufrieron abusos sexuales que  atentaron contra su libertad o indemnidad sexual, solicita dos años y por las dos mujeres en las que los abusos se acompañaron de la introducción de miembros corporales -sus dedos- a través de la zona vaginal, el fiscal reclama seis años más en cada caso. Dieciséis más doce, veintiocho.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y nueve de las diez denunciantes son mujeres de entre 33 y 65 años con domicilio en la comarca o que acuden habitualmente a segundas residencias de Merindades. Una catalana, entonces de 50 años, destapó la caja de los truenos con su denuncia en febrero de 2020. Se hizo pública en marzo de ese año y en apenas tres meses cuatro mujeres más habían acudido a denunciar. En otoño de 2020 ya eran diez. En sus testimonios hay muchas coincidencias.

E.P.J., quien permanece en prisión desde junio de 2020, coincidió con su primera denunciante en diciembre de 2019 durante curso de meditación en la localidad barcelonesa de Santa María de Palautordera. Allí entablaron amistad y ella le habló de sus padecimientos en los huesos, hombros, gemelos y lumbares, ante lo que el acusado la propuso desplazarse unos días hasta Valdivielso para desarrollar una terapia combinada de yoga y osteopatía, como relata el fiscal. Así fue y en febrero de 2020, la mujer viajó a la comarca. Como en todos los casos denunciados, el osteopata le pidió que se quitase toda la ropa, quedando solo en bragas y sujetador. Tumbada en la camilla de la consulta que abrió en Quintana de Valdivielso unos cinco años antes, le realizó «tocamientos por la zona de la vejiga, útero, perineo e hígado, a la par que la decía que sus problemas de gemelos venían de la vejiga, introduciendo sus manos por debajo de la braga». De ahí paso a «masajearla la parte superior de lo pechos, intercambiando de forma alternativa los masajes entre la zona de los genitales y la zona de los pechos», continúa el fiscal. 

Este modus operandi se repite en la mayoría de las víctimas, quienes al margen de su dolencia, declararon haber sufrido tocamientos en genitales y pechos, incluso debajo de su ropa interior, en la práctica totalidad de lo casos. La denunciante tenía que regresar a una nueva sesión por la tarde, pero ya no lo hizo y una vez en Barcelona denunció lo ocurrido.

De las diez denunciantes, los hechos más antiguos se remontan a 2016. Su protagonista acudió a la consulta de Quintana aquejada de un dolor de  espalda a la altura del cuello, pero ya en la camilla y boca arriba el acusado comenzó a «masajearla entorno a sus pechos». Ella preguntó por qué manipulaba esa zona si le dolía la espalda, ante lo que E.P.J. respondió, como en muchos otros casos, que ambas zonas estaban relacionadas. Además le masajeó el vientre y la tocó el pubis por debajo de la braga, ante lo que optó por levantarse y abandonar la sesión, algo que también hicieron otras mujeres. A varias les dijo que sufrían retención de líquidos y eso explicaba la necesidad de un masaje completo, en el que entraban pechos y genitales. A dos mujeres les introdujo también los dedos en la vagina, en un caso diciendo que «esa zona necesitaba lubricarse».

El fiscal añade también un delito de intrusismo profesional para el que pide 18 meses de prisión o subsidiariamente una multa de 3.650 euros. Esta acusación también la ha presentado el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León.