Ni los momentos más críticos vividos durante la pandemia y los meses posteriores, ni la nueva reforma laboral que penaliza la temporalidad y la precariedad, ni el aumento en un 20% en la cuantía de las sanciones han evitado que sigan existiendo el fraude y los comportamientos irregulares en el mercado laboral burgalés. Es más, los últimos balances de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social confirman el aumento de casos, cercanos o por encima del 200%, durante el año 2022 en frentes críticos como la lucha contra la contratación irregular o contra el empleo sumergido.

La Inspección, en su objetivo de velar por el cumplimiento de las normas laborales, realizó el pasado un total de 4.304 visitas a empresas durante su horario de trabajo o en horario especial (a partir de las 8 de la tarde o durante los fines de semana). El aumento de su celo en el control de la actividad laboral, unido al efecto de las comunicaciones (cartas) enviadas a las empresas señaladas desde sus Servicios Centrales, permite visualizar que todavía persiste la economía sumergida y las irregularidades y abusos.

La transformación de contratos en situación irregular a indefinidos ha aumentado un 194,4%, pasando de 464 en 2021 a los 1.366 del pasado año. Este crecimiento de las conversiones a raíz de la actividad inspectora ordinaria es continuado en los últimos años, en los que se puso en marcha la Herramienta de Lucha contra el Fraude y se focalizaron los esfuerzos en sectores y empresas concretas donde abunda el fraude.

Se trata de contratos que incumplen la nueva normativa laboral, que superan los plazos de temporalidad y devienen en indefinidos. Se combaten los encadenamientos de contratos, los vínculos laborales temporales sin causa justificada, la contratación temporal por encima de lo fijado en la negociación colectiva o los contratos irregulares a través de empresas de trabajo temporal. 

El comercio y la hostelería y, en menor medida, la industria registran el mayor número de irregularidades, destacando también los casos de fraude en las plataformas digitales y su personal de reparto.

A raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral, hace ahora un año, disminuye el número de contratos temporales transformados en indefinidos, pues cae también el número de los primeros y aumentado el de los segundos.

Por otro lado, ha crecido un 274,51% el afloramiento de empleo sumergido, de los 255 trabajadores de 2021 se ha pasado a los 955 del pasado ejercicio, la cifra más alta de los últimos tres años. En algunos casos no estaban dados de alta en la Seguridad Social y, en otros, había claras diferencias entre los tiempos de trabajo y lo que recogían los contratos. 

Por sectores, y por este orden, en el que más irregularidades se detectan es en la agricultura, la hostelería, los servicios en general y la industria. Se conocen ilegalidades -aunque no es posible inspeccionar viviendas sin autorización judicial- en los ámbitos del empleo del hogar y los servicios de limpieza. 

Sanciones. La Inspección gestionó a lo largo de 2022 un total de 1.175 infracciones, un 6% más que el año precedente y por un importe de 3,7 millones de euros, 1,7 millones más. Suman 4.515 trabajadores los afectados por estas conductas multadas a sus empresas.

Los aumentos en las cifras del número de infracciones y en la cuantía de los expedientes sancionadores, explica la Inspección, obedece, por un lado, a la situación de pandemia que motivó que, en determinadas épocas del año 2021, fundamentalmente el primer semestre, algunos sectores estuvieran cerrados por ERTE de impedimento o limitación.

Hay que tener en cuenta que, a partir del 1 de octubre de 2021, la Ley 10/2021 incrementó un 20% la cuantía de las sanciones. Este cambio legislativo supone, por ejemplo, multas de hasta 10.000 euros por cada infracción en el contrato de cualquier trabajador en el que se detecte alguna irregularidad laboral. 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no actúa solo por sorpresa, ha realizado envíos de cartas a aquellas empresas donde las irregularidades son más habituales. Tras la entrada en vigor de la reforma laboral se ha extremado la vigilancia sobre los contratos fijos-discontinuos, que han crecido exponencialmente al desaparecer los de por obra y servicio.

En el campo en el que más se multó el pasado año fue en materia de Seguridad Social (afiliaciones, cotizaciones y prestaciones), con 492 infracciones por valor de 1,8 millones de euros, un 124,2% más que en 2021. Le sigue el capítulo de Seguridad y Salud (prevención de riesgos laborales), con 404 sanciones que totalizan 728.632 euros y afectan a 1.040 trabajadores.

Las relaciones laborales (condiciones de trabajo) motivaron 152 multas que superaron en conjunto los 245.000 euros. Más de 1.700 trabajadores se vieron implicados en estos casos.

Aunque menos numerosas (76) destaca la cuantía de las infracciones relativas al empleo de extranjeros, 724.936 euros que doblan las impuestas en el año precedente.