La lucha contrarreloj contra el cambio climático, las oportunidades que ha abierto la legislación para las energías verdes y la voracidad inversora de las grandes compañías han creado un fenómeno histórico sin parangón en Burgos: el desembarco en muy pocos meses de miles de millones de euros para la construcción de parques eólicos y para la instalación de paneles fotovoltaicos a gran escala a lo largo y ancho de la geografía provincial.

Todo este aluvión de expedientes se tramita a través de la Junta de Castilla y León, para las instalaciones de menos de 50 MW, y del Estado, para las que superan esta potencia. Estas últimas, los grandes parques eólicos y solares, pasan por la Subdelegación del Gobierno de Burgos y, más en concreto, por la Dependencia de Industria y Energía. Y no son pocos. Desde que se desató la pandemia en 2020 y, sobre todo, durante 2021 y 2022 no han dejado de llegar solicitudes a la mesa de los dos funcionarios que se ocupan del asunto: el jefe de la Dependencia y un administrativo.

Entre marzo de 2020 y octubre de 2022, se ha presentado en la sede de la calle Vitoria la documentación de 24 grandes parques eólicos (1.421,46 MW) y 14 fotovoltaicos (1.302,277 MWp) y sus respectivas infraestructuras de evacuación de electricidad, afectando a decenas de municipios en la provincia. En conjunto suman más de 2.700 MW de potencia instalada solicitada, lo que duplica sobradamente la potencia de los parques operativos en la provincia y consolidaría a Burgos como un gran generador de energía verde en España. Dicho esto, no todos los expedientes llegaran a hacerse realidad.

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