13-F, un año después

Ical
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Fernández Mañueco y García-Gallardo sortean el pacto de gobierno con acuerdos en lo económico y diferencias en materias sociales

García-Gallardo y Fernández Mañueco muestran el pacto de gobernabilidad firmado para la legislatura. - Foto: Miriam Chacón (Ical)

Se cumple un año del primer adelanto electoral en Castilla y León. Los castellanos y leoneses fueron a las urnas el 13 de febrero de 2022. El resultado deparó un nuevo gobierno de coalición, pero el PP cambió a Ciudadanos por Vox como socios. En estos meses, ha habido coincidencias, sobre todo en el ámbito económico, como en la bajada de impuestos, y más diferencias en lo social, cuando se ha hablado de violencia de género, memoria histórica o la última polémica en relación a unas medidas para ofrecer información a mujeres embarazadas, denominadas de apoyo a la natalidad y la familia.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió la disolución anticipada de las Cortes ante "la deslealtad" de Ciudadanos y la posibilidad de una moción de censura. Por primera vez, se puso en marcha el artículo 37 del Estatuto de Autonomía: "El presidente de la Junta, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación de la Junta, podrá acordar la disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León".

Casi un año después, el presidente ha tenido que ser categórico para desmentir un nuevo adelanto electoral como consecuencia de la crisis provocada por las medidas para mujeres embarazadas que presentó el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox): "Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves, mi intención es agotar el mandato", remarcó Fernández Mañueco para cerrar un debate que empezaba a coger vuelo.

Pacto con Vox

La jornada electoral en pleno invierno deparó unos resultados que no ofrecieron la posibilidad de gobernar en solitario. Los populares recuperaron la primera posición como fuerza política de la Comunidad, perdida en la cita de mayo de 2019, pero su grupo parlamentario era insuficiente para garantizar la gobernabilidad por sí solo. Los 31 procuradores obtenidos por el PP necesitaban de otros diez para llegar a la mayoría absoluta o contar con el apoyo de los partidos minoritarios (UPL, Soria Ya y Por Ávila) y la abstención del PSOE. Con Vox suman 44 escaños en las Cortes.

Unos minutos antes de la constitución de las Cortes -10 de marzo- se cerró un acuerdo para que la Presidencia recayera en Vox, con el procurador por León, Carlos Pollán, pero siguió la negociación para llegar a un pacto de gobernabilidad. Fernández Mañueco fue investido para un segundo mandato el 11 de abril.

Antes presentaron los ejes de gobierno, en concreto doce, donde, además de no subir impuestos ni crear otros nuevos, se recoge de manera genérica el apoyo a las familias, a la natalidad y la lucha contra la despoblación, donde el PP enmarcó las medidas del aborto aunque el vicepresidente si habló de medidas 'provida'.

Primeras medidas, primeros roces

El Gobierno de PP-Vox se estrenó el 21 de abril -primer Consejo de Gobierno- con un plan anticrisis desglosado en 75 medidas por un volumen de 470 millones con ayudas a pymes, familias, mundo rural, rebajas impositivas y de tasas para hacer frente al deterioro económico y social por la guerra en Ucrania y la escalada de la inflación.

El pacto contempla la derogación del decreto de Memoria Histórica en los primeros 90 días, lo que no se ha producido, junto a la tramitación de un proyecto de ley en materia de violencia intrafamiliar, también pendiente. Sin embargo, el acuerdo fue total en la aprobación de la ley de rebajas tributarias, la primera de una casi inexistente agenda legislativa en las Cortes.

La primera diferencia se produjo a los dos meses de gobierno. El Grupo Popular votó en las Cortes junto a la oposición en una moción de aplicación de la Agenda 2030, otra materia en la que Vox se quedó solo, además de en la violencia de género, reconocida por su socio.

Presupuestos

Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo presentaron los primeros presupuestos para este 2023, aprobados en las Cortes con los votos de su mayoría parlamentaria. Salieron del Legislativo sin aceptar ninguna de las casi 2.000 enmiendas de la oposición. Fue un cierre de filas con todas las medidas recogidas, entre las que los socios tuvieron que introducir las ayudas a familias numerosas, anunciadas por el 'número dos' de la Junta pero no incluidas en las cuentas.

Son los presupuestos más elevados, con 12.470 millones y un incremento del 13,57 por ciento, centrados en el refuerzo de la calidad de los servicios públicos, apoyo a familias, pymes, tejido productivo, mundo rural y bajada de impuestos.

Sin embargo, la ley de Medidas que acompaña a las cuentas no fue aprobada y se encuentra en tramitación en este momento. Por un error, PP y Vox votaron a favor de las enmiendas socialistas y los socios tumbaron su propia ley para que no salieran adelante, tras la polémica y la interrupción del pleno por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. A través de una proposición de ley, en tramitación en las Cortes, esperan que las medidas entren en vigor en febrero con efecto retroactivo al 1 de enero.  

Aborto

Frente a este alineamiento en lo económico, la coalición ha desafinado más en los aspectos declarativos, dado que no son pocas las veces que Fernández Mañueco ha tenido que hacer equilibrios para no desautorizar a su 'número dos'. Sin embargo, los peores momentos se han vivido tras el anuncio de unas medidas para mujeres embarazadas que el vicepresidente de la Junta presentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto al portavoz Carlos Fernández Carriedo. 

Entre ellas, elaborar un protocolo de latido fetal y ofrecer ecografías 4D. El Gobierno envío dos requerimientos para advertir de no pasar el límite en el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

Tras casi una semana de acusaciones entre Junta y Gobierno, desautorizaciones y el rechazo de Fernández Mañueco de que se haya cambiado o se vaya a cambiar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas y del aborto, el Ejecutivo de Sánchez aceptó la explicación pero advirtió de que estará vigilante.

Surgió la pregunta a Fernández Mañueco de sí ha pensado cesar a García-Gallardo. "No, ese es un debate que en estos momentos no está en mi cabeza. Ni ha estado", zanjó. Y habrá adelanto electoral, se le preguntó de nuevo. "Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves, mi intención es agotar el mandato", remató.