La segunda comisión extraordinaria de Hacienda (exigida por el PP) para investigar qué es lo que ha sucedido para que el Ayuntamiento haya perdido una subvención de la Junta de 400.000 euros arrojó algunos detalles hasta ahora desconocidos. Uno de ellos fue que la documentación, en contra de lo que había defendido hasta ahora el equipo de Gobierno, no solo no se presentó a través de un registro físico (se exigía que se enviara de manera telemática) sino que no salió de la Casa Consistorial hasta el 9 de septiembre. Lo hizo, además, por correo certificado. Es decir, 8 días después de que finalizara el primer plazo (el que permitía pedir una prórroga de una semana más) y sin seguir el cauce establecido.

Esta circunstancia hizo que el concejal de Hacienda, David Jurado, pidiera a los representantes políticos que estuvieron en la comisión «disculpas» por haber ofrecido una versión que no se correspondía con los hechos. Había afirmado que los documentos habían sido enviados en plazo desde el Ayuntamiento ya que eso era, según aseguró, lo que le había traslado el técnico municipal. Tal y como reconoció, no fue así.

Jurado defendió que no se pueden reclamar responsabilidades políticas ya que «el fallo no ha sido del Gobierno sino de gestión administrativa». En palabras menos eufemísticas, del jefe de la Sección de Relaciones Institucionales, Protocolo y Comunicación.

En esta ocasión sí estuvo presente en la comisión el técnico municipal, que se exculpó con un correo que remitió el 28 de agosto a una auxiliar administrativa de la Alcaldía y en el que reclamaba que era necesario que el alcalde firmara «hoy» un documento y pedía que lo remitiera por la sede electrónica de la Junta.

¿Qué pasó a partir de entonces? (...).

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