El sindicato norteamericano de trabajadores del automóvil (UAW) gestiona una huelga contra los tres grandes fabricantes (General Motors, Ford y Stellantis) que tiene todos los números para convertirse en la confrontación sindical de la década. El eje central del conflicto radica en los salarios, el sindicato pide más a la vista de los excelentes resultados de las compañías tras años complicados que llevaron a subvencionar a la industria con fondos federales. Los sindicatos piden ahora una parte del pastel y cuentan con un aliado influyente, el presidente Biden. El compromiso de los sindicatos con los demócratas es conocido y el de la UAW cuenta como uno de los decisivos para ganar votos. 

La UAW tiene en su haber éxitos señalados como el convenio de Detroit de 1950 que impuso un marco de derechos sociales avanzados en esa industria que incluía seguros sociales, pensiones, menos horarios y más representación. Ahora pretende un acuerdo de alcance muy centrado en los salarios y azuzado por las retribuciones astronómicas de los directivos. 

El argumento sindical es potente: los primeros ejecutivos de las compañías automovilísticas han obtenido el último año retribuciones en torno a 20 millones de dólares por persona y año; el ratio respecto a los salarios medios de las compañías (en torno a 70.000 dólares) alcanza un multiplicador de 300, que los sindicalistas (y no solo ellos) consideran escandaloso y desproporcionado. Durante los mejores años del siglo pasado el multiplicado no superaba el 50.

Los sindicatos cuestionan que el valor añadido por los altos ejecutivos merezca tanto y reclaman una mayor porción en el reparto de beneficios. El argumento es potente y extensible a otros sectores a ambos lados del Atlántico, incluida España. 

Salarios de infarto por elevados son tan escandalosos como los más bajos de unos pocos euros por hora que padecen los más necesitados sin capacidad de presión. La huelga del automóvil en EEUU puede fijar nuevas reglas del juego y supone un test para el poder sindical, precisamente en un país donde las grandes compañías tecnológicas más poderosas prohíben la sindicación.