Los accidentes laborales se cobraron la vida de ocho personas en los dos primeros meses del año, lo que supone una más que en el mismo periodo de 2022. Los siniestros graves ascendieron entre enero y febrero a 28, frente a los 22 del año pasado, con un aumento del 27,2 por ciento. En total, los accidentes con baja en Castilla y León entre enero y febrero sumaron 4.132, un 2,8 por ciento más que el año anterior. Por sectores, el número de accidentes laborales en el periodo de estudio creció en la industria (1.957), un 7,7 por ciento; y en los servicios (2.246), un 4,1 por ciento; y menguó en la agricultura (246, un 12,4 por ciento; y en la construcción (583), un tres por ciento. Tres fallecidos se produjeron en la industria y otros tantos en los servicios, a los que se suman uno en el primario y otro en la construcción.
Los siniestros in itinere se cobraron la vida de una persona, frente a las tres del ejercicio precedente; con seis siniestros graves, uno más que en 2022. En total, se contabilizaron 455 siniestros de camino al trabajo, un 4,1 por ciento más que el año anterior. El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, en declaraciones recogidas por Ical, criticó que la estadística indica que cada hora de jornada laboral, diez personas sufren un accidente de trabajo en la Comunidad y tachó las cifras de «trágicas e inaceptables».
Aseveró que «son accidentes que podríamos haber evitado si existiera un mayor compromiso por parte de los empresarios con la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y se fomentara la cultura preventiva en los diferentes estamentos del tejido productivo de Castilla y León, así como de una formación e información específica y adecuada a la realidad de los trabajadores y las trabajadoras en cada centro de trabajo». «Las políticas de destrucción de los acuerdos, del consenso entre todas las partes, buscando el ruido, desinformación y de confusión a la opinión pública, hace que desde la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales no contribuyan a poner freno a la lacra de los accidentes de trabajo. El objetivo está claro: sacar beneficio político y rédito electoral», denunció.