Entre el 16 de marzo y el 31 de mayo un total de 56 mujeres de Burgos han tenido que saltarse el confinamiento obligado por el estado de alarma y viajar a otra provincia, en concreto a Valladolid, para someterse a una intervención de interrupción voluntaria del embarazo. Esta circunstancia tiene que ver con una situación no resuelta de ausencia de este servicio en el hospital de Burgos y que se remonta a muchos años atrás cuando, al parecer, todos los profesionales del servicio de Ginecología del hospital de referencia (en su día el General Yagüe y en la actualidad el Hospital Universitario de Burgos) se negaban a realizar abortos, tanto quirúrgicos como farmacológicos, amparándose en la objeción de conciencia.
Y aunque en los últimos tiempos esto ha cambiado porque la Consejería de Sanidad sabe que no todos los ginecólogos burgaleses se niegan a prestar este acto médico -amparado por la ley y recogido por la cartera de servicios del sistema nacional de salud-, las cosas no han cambiado, lo que ha obligado a las mujeres, así, a una peligrosa movilidad en tiempos de pandemia.
El dato ha sido facilitado por la Unidad de Atención a la Mujer (UAM), que se ocupa de informar a las que quieren abortar sobre los pasos a seguir y las opciones que tienen según la ley y donde, tras la intervención en la clínica privada Ginemédica de la capital vallisoletana, les realizan una revisión y les instauran, si así lo desean, un método anticonceptivo. También es labor de la UAM aconsejar al conjunto de las mujeres burgalesas sobre anticoncepción, recetársela y hacer seguimiento, además de atender a las víctimas de agresiones sexuales después de que hayan sido atendidas en el hospital, aunque en estos tiempos de confinamiento no han visto ningún caso.
La actividad de la UAM ha sido mínima en estos días del estado de alarma y se ha ceñido únicamente a las urgencias que podían presentar las mujeres con algún método anticonceptivo (sangrado, malestar) y a las que querían abortar. Para ello, la consulta de Ginecología se ha mantenido dos días por semana pero la trabajadora social ha estado permanentemente para acompañar y cuidar a las mujeres en ese trance tan complejo. La ginecóloga María Guerrero reconoce que no es un trago fácil y más en estas momentos. "Es cierto que en estas circunstancias una interrupción del embarazo ha sido más difícil para ellas que, además, venían a la unidad en la que prácticamente no ha habido actividad y solo estábamos las profesionales".
Para evitarles posibles problemas con las fuerzas de seguridad del Estado por la obligada movilidad se les otorgó a las mujeres que iban a Valladolid a abortar un documento en el que, manteniendo toda la confidencialidad, es decir, sin explicitar el carácter de la intervención, se decía que era un acto médico obligatorio y que tenían que ir con otra persona. A los acompañantes se les identificaba además con su DNI. Preguntada Guerrero si esta circunstancia no ha hecho más patente aún la necesidad de que este servicio se preste en Burgos, dijo que no: "No sé si esto tiene trascendencia o no porque las mujeres se tenían que trasladar a Valladolid, no había ningún impedimento. Yo veía más la situación de agobio que podrán tener por ir a una consulta en la que no había nadie más".
La situación ha resultado compleja, reconoce también la trabajadora social María Ángeles del Val, porque muchas mujeres carecían de coche particular en el que ir y la movilidad por tren a Valladolid se redujo mucho en el estado de alarma. Además, en la clínica Ginemédica las pacientes entraban de una en una y no había literalmente ningún sitio adónde ir para hacer tiempo y, por supuesto, estaba prohibido deambular por la ciudad. Un momento difícil para mujeres que ya iban con un problema de grandes dimensiones: "Por eso las hemos llamado todo el tiempo y las hemos cuidado". Las consultas de revisión se han empezado a hacer ya hace varias semanas.
"Una barbaridad". El procurador socialista Jesús Puente no ha dudado en calificar esta situación de "barbaridad", y más cuando tras la consulta de la Consejería de Sanidad al hospital se supo que eran varios los ginecólogos no objetores de conciencia y parecía que se podía empezar a implementar el servicio en el HUBU: "No sé por qué seguimos en esa situación si hay médicos dispuestos a hacerlo y con ello se mejoraría la seguridad y la intimidad de las mujeres". En cualquier caso, el político -que planteó una pregunta sobre el tema en el Pleno de las Cortes el pasado mes de febrero- asegura que volverá sobre el tema una vez se termine esta situación de excepcionalidad.
Por su parte, Laura Domínguez, de Podemos, cree que la situación que han vivido estas 56 mujeres es la "consecuencia lógica de la privatización de un servicio público". Justamente el 2 de marzo Domínguez presentó una proposición de ley que se quedó sin debatir y sobre la que, afirma, volverá en cuanto se normalice la legislatura.
Finalmente, la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, pionera en la reivindicación de este servicio para Burgos, cree que se ha perdido una gran oportunidad al no aprovechar un momento en el que se prohibía la movilidad para echar mano de los ginecólogos no objetores de conciencia y haber empezado a dar el servicio en Burgos evitando a las mujeres un traslado innecesario y que ha podido poner en riesgo la confidencialidad del proceso ya que han tenido que ser acompañadas por alguien de su entorno "aunque ellas no hubieran querido decírselo a nadie". "Nos hemos llevado una decepción con la Junta porque pareció que la Consejería de Sanidad se lo tomaba en serio cuando preguntó por el alcance de la objeción", añadió Laura Pérez de la Varga, presidenta de la entidad.