El Ayuntamiento de Burgos ha empezado ya a conocer las consecuencias que para las arcas municipales tiene la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que entró en vigor en abril del año pasado pero que desde el 1 de enero de este 2023 castiga ya de manera severa a las entidades locales por el depósito de basura en el vertedero. Hasta el punto de que la factura que venía pagando la ciudad se ha multiplicado prácticamente por cuatro y rondará en este ejercicio, según las estimaciones realizadas en el número uno de la Plaza Mayor, los 1,5 millones de euros.

Pero si esa es una de las primeras consecuencias de esta Ley, la siguiente es que el Ayuntamiento estará obligado a derivar ese esfuerzo a los contribuyentes y le da de plazo hasta abril de 2025 para disponer de «una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria». Dicho de otra manera, un tributo que deberá costear el 100% del servicio.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, detalla que el Ayuntamiento esperará a conocer cómo se resuelve el futuro de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) del Ecoparque de Cortes para poder empezar a hacer números ya que esta instalación se antoja determinante. Por un lado porque precisa de inversiones millonarias y se trabaja (si Intervención lo autoriza) en una encomienda de gestión a Somacyl y por otro porque es clave su modernización para poder rendir de manera óptima, incrementar el volumen de los desechos reciclados y, por tanto, rebajar el de aquellos que se tienen que trasladar hasta el vertedero.

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