La comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León ha cerrado sus conclusiones, entre las que se identifica a la «burbuja inmobiliaria» como responsable de la desaparición de estas entidades y se alude al escaso nivel de sus gestores, pero también se resalta que en el fracaso del proyecto de integración estuvieron los «intereses personales que no quisieron perder su cuota de poder».
En las sesiones de la comisión, la tercera que se constituyó en las Cortes en esta legislatura y que arrancó sus trabajos en junio de 2017, han comparecido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; el exsecretario general del PSCyL Óscar López; los entonces líderes de CCOO y UGT, y directivos de las cajas, además de un grupo de expertos.
En las conclusiones que presentará el lunes el presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), se constata que, aunque la crisis del sector inmobiliario fue el «elemento decisivo» en la crisis y desaparición de las cajas de ahorro de Castilla y León, así como el cierre de los mercados financieros, no estuvo ausente «una gestión falta de profesionalidad de los directivos, absolutamente alejada de la prudencia financiera, por unos órganos de gobierno politizados que se preocuparon fundamentalmente por la defensa de sus «grupos de interés» y por unos organismos de supervisión que incumplieron sus obligaciones», como pudo conocer Ical.
En el fracaso del proyecto de integración de las cajas, promovido por la Junta, el PSOE y los sindicatos CCOO y UGT, que firmaron el conocido documento para crear un «músculo financiero», se vio «claramente», como se recoge en las conclusiones, que estas entidades «estaban en manos de personas y grupos que antepusieron los intereses personales o de su grupo a los de las cajas».
«Ni los gestores ni los órganos directivos tenían nivel para adoptar medidas de corrección y gestión de la crisis, las cajas estuvieron rodeadas de un entorno que se aprovechó de ellas mediante préstamos, retribuciones no justificadas en su cuantía, realización de inversiones que no tenían una lógica económica, en algunos casos impulsadas políticamente, y condicionadas a los intereses de los grupos representados en sus órganos. El poder político se aprovechó de una coyuntura que había ayudado a crear», figura entre las conclusiones de Cs.
Sin embargo, el Grupo Popular considera que la Junta «actuó correctamente en atención a la capacidad competencial real que tenía encomendada». Sobre la solvencia y los riesgos de las entidades financieras, indican que «no había duda de la competencia única del Estado», a través del Banco de España, puesto que estaba limitada la capacidad de las comunidades al aspecto institucional y a cuestiones como la comprobación de requisitos «formales». Así matizan que sus competencias son «exclusivas», pero no «plenas».
Por el contrario, IU apunta que sería «imprescindible», ante un proceso ya irreversible de la extinción de las cajas, «inhabilitar» para el ejercicio de cargo público a los miembros de los consejos de administración «que llevaron con su incompetencia e imprudencia a su ruina y desaparición, creando un agujero en las arcas del Estado».
Igualmente, el Grupo Podemos, representado en esta comisión por su portavoz, Pablo Fernández, coincide en sus críticas a la actuación de instituciones como la Junta. En sus conclusiones, la formación ‘morada’ señala que el Gobierno autonómico no cumplió con su obligación de supervisión e información al Banco de España de lo que sucedía, en su opinión, en las cajas de ahorro de Castilla y León, lo que motivó su final.
Desde el Grupo Socialista se apunta, en sus conclusiones, que algún miembro de consejo de administración «pudo utilizar su posición en beneficio propio» pero entiende que no puede «derivar en una generalización» cuando la responsabilidad se ha descartado en los tribunales. Aun así reconoce, pese a que la ley de Cajas de la Comunidad es «una de las más restrictivas», que «es evidente que hubo quien quiso y pudo sortear la ley y cabe esperar que los tribunales juzguen con dureza esos comportamientos».
«Fue la modificación legislativa desarrollada por el gobierno del Partido Socialista, la que obligó a las entidades de crédito a buscar los diferentes mecanismos para proceder a fusionarse, de manera que se redujera el número de entidades», apuntaron desde el PP.
Otro elemento de crítica está en el «comportamiento de partidos y sindicatos», calificado de «gravemente irresponsable al no efectuar ningún control sobre las actuaciones que miembros de sus organizaciones estaban desarrollando en los consejos de administración de las cajas», se detalla también como conclusión por Cs. Al respecto, los ‘populares’ niegan que las cajas estuvieran «politizadas», un calificativo utilizado en sentido «despectivo», y recuerda que sus dirigentes fueron los mismos que las llevaron «a dar los mayores beneficios y la máxima inversión en la Obra Social, poco tiempo antes».