Prevención, evaluación y atención. Estos serán los tres ejes sobre los que girará la apuesta de la Consejería de Sanidad para frenar el suicidio y las adiciones entre los jóvenes de Castilla y León. Una apuesta que tendrá su respaldo en la nueva Estrategia Autonómica de Salud Mental de Castilla y León que ya remata el departamento que comanda AlejandroVázquez, y que pondrá el foco en la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad, que se ha visto acrecentada por los efectos de la pandemia y en los que la crisis económica que se avecina hará mella en su bienestar emocional. De ahí, la relevancia de la prevención, evaluación y atención temprana para evitar posibles trastornos a largo plazo entre esta población, una de las principales asignaturas pendientes del sistema sanitario, a la que también se quiere involucrar en autocuidados. No en vano, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud.

La estrategia de Castilla y León, según avanzan a Ical fuentes de la Consejería de Sanidad, redoblará esfuerzos en este sentido, puesto que los suicidios se han convertido ya en la segunda causa de muerte no natural, tras los accidentes de tráfico. De tal calado es la situación, que la propia Consejería decidió adelantarse y aprobar a finales de 2021 su propia Estrategia de prevención de la conducta suicida, que estará en vigor hasta 2025.

El plan autonómico de Salud Mental no pasará por alto otras problemáticas incipientes como ocurre con las adiciones y sus nuevas vertientes, caso del juego, tanto en adultos como en niños, explican desde Sanidad, que precisan que se trabaja en el desarrollo y fijación de indicadores, así como en su seguimiento y en la necesidad de engarzarla con el resto de estrategias y planes autonómicos.

En todo caso, el compromiso es que vea la luz, «con la mayor brevedad posible» en esta legislatura, después de que haya nacido el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 para el conjunto de España, que prevé una inyección de 100 millones, cofinanciado entre las comunidades y el Ministerio. Un documento estatal que pide reforzar los recursos humanos en salud mental; optimizar la atención integral; sensibilizar y luchar contra el estigma; prevenir, detectar de manera precoz y atender la conducta suicida; abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad; y prevención de conductas adictivas con y sin sustancia.

Líneas transversales

Las líneas transversales del plan de la Consejería de Sanidad coinciden con el nacional en muchos aspectos, dentro de la misión de luchar por objetivos comunes y globales, ya que, con algún matiz por territorio, la problemática es similar y el documento ministerial es la espina dorsal que vertebra las actuaciones en todo el país.

En concreto, quiere avanzar en la atención al trastorno mental grave, con el abordaje de los primeros episodios psicóticos, y acabar con el estigma. Las líneas incluyen también el abordaje de la salud mental en personas con mayor vulnerabilidad; con atención desde Primaria, y ,en especial, en todo lo referido a la atención psicosocial.

Un plan que necesita de más profesionales

La Consejería de Sanidad no oculta que para desplegar esta estrategia será necesario aumentar las plantillas, con el hándicap de que las bolsas están vacías. La red, «muy rica», para el abordaje integral de esta patología la integra en estos momentos un ejército de 200 psiquiatras; más de 110 psicólogos; 300 enfermeras especialistas en salud mental; 300 auxiliares de enfermería; unos 40 trabajadores sociales y otros tantos terapeutas ocupacionales.

En cualquier caso, la nueva Estrategia de salud Mental cuenta como aliados con representantes de entidades y profesionales que trabajan con este colectivo, desde los servicios de salud y sociedades científicas a usuarios y familiares, servicios sociales, asociaciones de personas con enfermedad mental, del ámbito de las drogodependencias, educación y del ámbito jurídico. Hasta 500 personas participaron en una encuesta, que se realizó en mayo, cuyos resultados han servido para priorizar y completar el documento.

El plan fijará protocolos comunes de información y acogida de pacientes y familiares; participación de los usuarios; cartera servicios, protocolos de procedimientos y consentimientos de los afectados; procesos de especial relevancia en las unidades de suicidios; intervenciones no farmacológicas y medidas de seguridad y ocio, y formación y clima laboral de los profesionales.