El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte en los últimos años de un crecimiento constante de los incidentes relacionados con la seguridad informática. Solo durante 2022 -últimos datos disponibles- gestionó 118.000 casos en España, lo que supone un 9% más que en 2021, según los datos ofrecidos en el Balance de Ciberseguridad. 

La sociedad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pone el foco en una tendencia negativa que pone de manifiesto las amenazas a las que se enfrentan día a día ciudadanos, empresas e instituciones públicas.

No en vano, el Incibe destaca que son más de 3 millones los dispositivos vulnerables en el país. En Burgos son 20.411 los puntos de conexión a Internet detectados como potencialmente expuestos, comprometidos o afectados por algún software malicioso, una mala configuración o una exposición peligrosa en la red.

En el resto de Castilla y León destacan las cifras de otras provincias como Valladolid, con 37.355 dispositivos vulnerables, León con 28.552 y Salamanca, con 21.897. Madrid (637.008) y Barcelona (443.304) lideran esta particular estadística en España. La situación de Burgos no es ajena a la del resto de territorios, puesto que esta amenaza global exige las mayores precauciones. Sobre todo, después de la pandemia.

Cabe recordar que solo en la segunda oleada de la crisis sanitaria, entre septiembre y diciembre de 2020, se detectaron problemas de seguridad en 8.600 equipos, sistemas o redes en la provincia debido a los nuevos usos adaptados de los sistemas informáticos como el teletrabajo, el comercio electrónico, el streaming o las videollamadas. 

La falta de precauciones tiene su impacto negativo y el Incibe detalla en su último Balance de Ciberseguridad que el 30% de las incidencias están relacionadas con la filtración de datos, ya sean «sensibles, protegidos o confidenciales», que son «copiados, transmitidos, vistos, robados o utilizados por una persona no autorizada». Mientras tanto, el 40% de los casos tratados por esta entidad tienen que ver con las debilidades de los sistemas tecnológicos, es decir, relacionados con «fallos o debilidades» del sistema que pone en riesgo su seguridad e integridad.

Los fraudes informáticos distribuidos en prácticas como el phising (robo de información privada para realizar un cargo económico o infectar un dispositivo), el ransomware (secuestro de datos) y el malware (extracción de datos) están a la orden del día y las consultas al Incibe se multiplican en busca de asesoramiento.

La formación y la concienciación de los ciudadanos son las mejores respuestas para minimizar los potenciales peligros de estas prácticas delictivas que muestran la vulnerabilidad del sistema ante los problemas que pueden surgir.