La red de tráfico de droga vinculada al crimen del escayolista podría quedar en libertad por un error en el procedimiento. La defensa de los detenidos en una operación que se desarrolló simultáneamente en varias localidades del país, consideran que existe una posible vulneración de derechos fundamentales de los acusados en relación con el secreto a las comunicaciones, y que por lo tanto, para que se cumplan todas las garantías procesales, no se deben tener en consideración las pruebas logradas de forma ilícita. Si el juzgado segoviano que lleva la causa estima la impugnación de los autos, todos podrían quedar eximidos de los delitos que se les imputan al declararse la nulidad del procedimiento.
Para los letrados, las escuchas telefónicas que llevaron a las detenciones no se ajustan a la legalidad ya que no existían «indicios racionales de criminalidad» para llevarlas a cabo. Además se instalaron dispositivos electrónicos de grabación en los coches de algunos de los acusados que no estaban debidamente autorizados, y el análisis del disco duro en el que están dichas grabaciones, también admite dudas.
Por eso consideran que todo el procedimiento está viciado y reclaman su nulidad. «Es importante que se respeten ciertas garantías porque si permitimos que se vulneren derechos fundamentales estamos cruzando una línea muy peligrosa en el derecho, porque no todo vale. En este caso, al conocimiento de los hechos creemos que se ha llegado mediante escuchas ilegales», aseguran desde el bufete Vox Legis, encargado de la defensa de David D.J., que se enfrenta a dos juicios diferentes, uno por un posible delito de asesinato con alevosía y otro por un delito contra la salud pública. Es en este segundo procedimiento en el que sus abogados piden, como los de los otros acusados, la nulidad de las pruebas.
Y es que el autor del disparo que acabó con la vida de Fernando Martín, integraba una red dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba en la ciudad pero que tenía su centro logístico en Segovia y Madrid. La misma fue desarticulada tras un gran operativo policial que condujo inicialmente a la detención de 23 personas, entre las que se encontraba también otro mirandés al que se le incautaron más de 11 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas.
Precisamente el crimen de Miranda estuvo a punto de dar al traste con el operativo antidroga, ya que las fuerzas de seguridad llevaban tiempo detrás de la banda, que a raíz de este suceso extremó las precauciones. Por ese motivo, la detención de David se retrasó unas semanas a pesar de que era el principal sospechoso de la muerte de Martín, ya que el objetivo era no interferir en la otra investigación que se estaba ejecutando de forma paralela.
Dentro de las actuaciones que se llevaron para desmantelar a la organización criminal, el 24 de mayo de 2019 se interceptó a un mirandés que llegaba a Barajas procedente Colombia y que portaba once kilos de cocaína escondidos en el doble fondo de una maleta de mano. Al parecer este sujeto, conocido como El Bola, era el encargado de traer la droga desde Sudamérica para que luego el resto de la banda la distribuyera por todo el país, ya que contaban con una amplia estructura delictiva que incluía desde los contactos en el exterior hasta las personas que 'cocinaban' las sustancias en un laboratorio madrileño y los encargados de venderla en diferentes localidades.
La impugnación de los autos no le afecta directamente ya que ahora mismo está cumpliendo una pena de seis años de cárcel, aunque si se estima que el procedimiento está viciado, habrá que determinar el alcance de la nulidad de las pruebas ya que dicha decisión también podría beneficiarle de manera indirecta.