La Junta prevé aprobar hoy un decreto de medidas que, entre otras, incluirá adelantar el cierre del comercio o la imposibilidad de viajar entre las provincias de la región, hasta ahora permitido (con algunas excepciones en octubre y noviembre). Al mismo tiempo, estudiará todas las fórmulas legales para aplicar un confinamiento domiciliario en Castilla y León, si el Gobierno central sigue negándose a modificar el actual estado de alarma para imponer la vuelta a casa en todo el territorio.

La propuesta del Ejecutivo autonómico en este sentido es, por ahora, más semejante a la vigente en mayo, al final de la primera oleada, que a la de marzo y abril; es decir, pide un encierro flexible, con horarios para salir a la calle y los colegios abiertos, pero con limitación de movilidad. Este nuevo paquete de medidas, que hoy se compartirá con los alcaldes de los grandes municipios y los presidentes de las Diputaciones, esquiva las limitaciones que impone el decreto del estado de alarma en cuanto a la restricción de la libertad de movimiento de los ciudadanos.

Tanto el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, recordaron ayer que el toque de queda no puede adelantarse más de lo que ya se ha hecho en Castilla y León, dado que el estado de alarma solo da un margen de una hora hacia delante o hacia atrás con respecto a las 23.00 horas para aplicarlo. En esta Comunidad se fijó a las 22.00 horas desde el principio, por lo que la única manera de reducir contactos en la calle antes de ese límite es impidiendo que haya actividad.

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